La modernización de la Ruta Nacional 226 y otros corredores estratégicos del país ingresó en una etapa decisiva, pero el avance administrativo quedó empañado por fuertes denuncias de irregularidades. Lo que el Gobierno Nacional presenta como una apuesta por la inversión 100% privada para salvar la infraestructura vial, es leído por la Provincia y diversos sectores como un proceso dirigido que carece de la transparencia necesaria para una obra de tal magnitud.
El Gobierno Nacional confirmó que, tras el filtro de impugnaciones, seis ofertas privadas siguen en carrera para quedarse con el tramo «Sur Atlántico», una red estratégica de más de 1.300 kilómetros que une a Tandil con los principales puertos y accesos del país. La gran novedad es la confirmación oficial de la exclusión de la estatal Aubasa, que no logró superar las exigencias técnicas ni financieras del nuevo modelo de concesiones.
Para el tramo que incluye a la 226 (junto a las rutas 3, 205 y la Autopista Ricchieri), se presentaron diez ofertas originales. Solo seis pasaron el tamiz del Ministerio de Economía. Según el informe oficial, Aubasa quedó afuera no solo por no acreditar capacidad de obra propia, sino por una «fragilidad financiera» alarmante: su índice de endeudamiento fue de 3,75, cuando el límite exigido por el pliego era de 1,50. Para Nación, la empresa provincial no garantizaba poder asumir los riesgos de inversión sin pedirle plata al Estado.
33 cambios entre gallos y medianoche
El punto más crítico de la controversia radica en las modificaciones sustanciales que sufrieron los pliegos a escasos días del cierre de ofertas. Según denunciaron desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense, se alteraron 33 artículos de la normativa original, un movimiento que desvirtuó las condiciones de competencia bajo las cuales se habían presentado los pliegos inicialmente.
Para los críticos del proceso, estos cambios no fueron técnicos sino políticos, diseñados específicamente para forzar la exclusión de la empresa estatal Aubasa y allanar el camino a un puñado de grandes constructoras privadas.
Capacidad técnica vs. exclusión política
Desde la Secretaría de Transporte de la Nación justificaron la salida de la Provincia alegando que Aubasa no tiene «capacidad de ejecución directa» y presenta una fragilidad financiera con un endeudamiento que supera el límite permitido. Sin embargo, la velocidad de las modificaciones en el pliego y la negativa a que un veedor externo —como la Defensoría del Pueblo— participe del proceso, alimentan las sospechas de un «negocio a medida».
El costo de la incertidumbre para Tandil
Mientras la discusión escala en los despachos judiciales y oficinas porteñas, el impacto en Tandil es la postergación. La ciudad arrastra reclamos históricos sobre la traza de la 226 (como la rotonda de la calle Buenos Aires o la duplicación de calzada en tramos críticos) que hoy están en un limbo.
Con el modelo de inversión privada, el riesgo es que las obras se definan por su rentabilidad económica y no por la seguridad vial o la necesidad del sector productivo local. En este escenario, la 226 vuelve a estar en el centro de la escena no por las máquinas trabajando, sino por un manejo administrativo que hoy genera más dudas que certezas.
