A días de dejar el cargo reglamentó el decreto de importación de basura que pone en risego al ambiente, la salud de la población y la subsistencia de los recicladores.
Hace unos meses este decreto puso a la sociedad en alerta, ante la posibilidad cierta de convertirnos en el basurero del mundo. Como denunciamos en su momento, esta medida afecta directamente el trabajo que realizamos 150.000 cartoneros, juntando 10.000 toneladas de residuos reciclables por día en todo el país, en un contexto de crisis económica que ya nos tiene al borde del abismo. Ahora deberemos competir con los residuos de todo el mundo, en un contexto alarmante donde EEUU y Europa tienen miles de toneladas de residuos que ya no pueden tirar en China y los países de sudeste asiático. A su vez desde el punto de vista ambiental, vamos a importar basura en un país con 3000 basurales a cielo abierto. Si a este tremendo desmanejo que ya está generando un daño irreparable, le sumamos la importación, realmente podemos ir a una situación social y ambiental catastrófica.
La aprobación de este decreto generó el inmediato rechazo de los recicladores, de las organizaciones ambientalistas, los municipios y provincias, y de la ciudadanía en general. Desde la Federación presentamos un recurso de revocatoria, en conjunto con Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas. También realizamos una movilización de más de 6000 recuperadores y 80 Cooperativas a la Secretaría de Ambiente de la Nación exigiendo su derogación y la regional Córdoba presentó una medida cautelar para pedir que se suspenda su aplicación. El COFEMA, máxima autoridad ambiental de nuestro país, rechazó la medida. Los consejos deliberantes de varios municipios expresaron su rechazo (como Lomas y Quilmes), como también la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, varias universidades nacionales, sindicatos, e instituciones públicas.
Estamos en medio de una crisis social que a los trabajadores de la economía popular ya nos llevó al límite. También en una crisis ambiental integral, que incluye a la gestión de residuos desastrosa que tenemos, pero también una conciencia cada vez mayor en la juventud, el conjunto de la ciudadanía y las instituciones que rechazan esta clase de chanchuyos que son solo para garantizar el negocio de unos pocos avivados que tienen llegada a la casa rosada.
Es urgente que se derogue el decreto y que el nuevo gobierno impulse una política nacional de reciclado con inclusión social, reconociendo y fortaleciendo nuestro trabajo, en articulación con la ciudadanía, la industria y el estado. Tenemos Fe y esperanza en que así será.
