Por Ezequiel, Escudero Cuerda.
Ya sea por recelos entre las potencias colonizadoras en los primeros pasos del mundo moderno (Siglo XVI), o por la mirada estratégica de un explorador financiado por alguna corona en el Siglo XIX, el archipiélago de las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur ha sido a lo largo de la historia un foco de tensiones y controversias, más allá del gentilicio de quienes pisaron su suelo. El punto de partida de esto data del año 1.690, cuando a través del primer desembarco conocido, del capitán inglés John Strong, se trazaría un mapa en torno al archipiélago y su estrecho, y se le asignaría el nombre del Primer Lord del Almirantazgo, el vizconde de Falkland. Sin embargo, recién en 1833 los británicos tomaron las islas haciendo ocupación efectiva del territorio, un aspecto del derecho internacional, a poco de que la Argentina nombrara al primer gobernador del territorio, en 1829; así dadas las cosas, desde 1840 en adelante las islas pasarían a formar parte de la Corona Británica. Transcurrirían más de cien años para que, en 1965, una resolución de las Naciones Unidas reconociera la existencia de una disputa e invitaría a los dos países a entablar negociaciones sobre el futuro de las islas. Argentina, desde allí, ha construido un sólido camino diplomático – con el interregno del gobierno de facto y la guerra del ’82 – en pos de recuperar la soberanía sin la idea del conflicto bélico como alternativa.
Allá lejos en la historia, portugueses, británicos, franceses, holandeses, españoles, inauguraban lo que hoy, israelíes, estadounidenses, chinos e ingleses vuelven a poner en el tablero de disputa global, que no es otra cosa que la puja por la reconfiguración de las esferas de influencia en torno a la geopolítica de los recursos y los corredores oceánicos. El Atlántico Sur, por razones obvias, no queda fuera de esa discusión entre quienes manejan los hilos del poder real a nivel global, y no solo hablamos de Estados, en base a su concepción moderna, sino también de empresas y grandes conglomerados.
La factura de Medio Oriente
Si hay algo que la administración Trump no pudo lograr (además de generar una revolución interna luego de un par de crímenes dentro de la cúpula del régimen de los ayatolas iranies) es disuadir a las principales cancillerías de la OTAN de que la mejor opción frente al conflicto era apoyar, casi incondicionalmente, la operación furia épica. Y más allá de la retórica discursiva, lo cierto es que la factura por ese gesto hostil de Europa hacia los Estados Unidos, iba a llegar más temprano que tarde.
La administración republicana de la Casa Blanca tiene un encono ideológico con el laborismo inglés, que va desde acusaciones de haber provocado (con el Brexit) una crisis generalizada hacia el interior de la Unión Europea, hasta las de no haber estado a la altura de las circunstancias y colaborar con la causa iraní. Esto ha llevado a que el propio Trump declare recientemente en medios británicos que estaba dispuesto a revisar su postura, en relación a Malvinas, considerando las actitudes irresponsables de los laboristas ingleses. Solo eso.
Pero la relación directa con esas declaraciones no debe buscarse en la profundidad de su alcance: un par de tapas en medios internacionales, y nada más. La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (2026) pone en relieve los riesgos a los que queda expuesto el hemisferio occidental, lo que para nosotros es el Sur del continente, al definir el escenario de prioridades y las acciones que se llevarán a cabo para refundar, sin preámbulos, la Doctrina Monroe de 1823, que pregonaba que el continente corresponde por extensión a la esfera de seguridad de los Estados Unidos.
En el marco de la disputa con China – diplomática, geopolítica, arancelaria, tecnológica, etc. – impedir el avance del gigante asiático en el continente es el motor que impulsa gran parte del accionar de la política exterior de Washington y del Comando Sur. El negocio en torno a los hidrocarburos ostenta una alta concentración en pocas firmas a nivel global, que proveen servicios que van desde la extracción, la exploración y excavación del fondo marino, el refinado y la provisión de logística, sin perder de vista la estrecha relación que esta concentración de empresas tiene con sus Estados (política y militarmente).
Del mismo modo que el gran logro de Trump en Venezuela, pos Maduro, fue quedarse con la potestad de otorgar licencias para operar el petróleo venezolano, ganando una pulseada regional muy grande hasta el momento, frente a China, en el caso de la disputa por el archipiélago de Malvinas, busca evitar por todos los medios que las firmas chinas logren meterse en el negocio del crudo del Atlántico Sur. Porque a través de los negocios en torno a los recursos naturales – la historia moderna tiene sobrados ejemplos – se construye poder, incluso militar cuando es necesario. Y la batalla por la transición energética, que marca el pulso del auge o el deterioro de una potencia, puede trasladarse a cualquier rincón de la Tierra.
Zona de interés
Abordar el fenómeno Malvinas desde una perspectiva política y de unidad nacional, implica ver de cerca el espejo de aquel evento futbolístico, Argentina ’78 y el último gobierno de facto; esto implica, en cierta forma, un revés a la historia de los reclamos argentinos sobre la soberanía, la extensión territorial y la vigencia de las normas internacionales en torno a las islas. Luego viene la mirada más cercana. Un déjà vu que mezcla el fútbol, los símbolos, el peso de un trapo en un estadio en pleno mundial y las repercusiones que distorsionan realidades.
Aspectos que vale el esfuerzo poner en relieve lo más asertivamente posible. Si algo desnudaba la ausencia de planificación estratégica en clave soberana de la actual administración argentina, debe rastrearse la letra chica de los Acuerdos de Issac; la presencia del Comando Sur en la Patagonia; la controversial derogación de la ley de tierras; la no sanción a las firmas que explotan aguas argentinas de manera ilegal; hasta el guiño del gobierno libertario, respecto a la decisión de los isleños, de votar con los pies. Porque mientras la arenga nacionalista en torno al efecto nacionalizador del fútbol se entremezclaba con la pérdida de control de la agenda pública por parte del gobierno, firmas británicas e israelíes (Rock Hopper y Navitas) siguen avanzando, junto con otras empresas, en el proyecto Sea Lion, que prevé avanzar en la privatización del mar del Sur y convertir la región, negocios de por medio, en un nuevo ‘Medio Oriente’; control de corredores estratégicos en torno a los recursos no renovables – petróleo, gas, agua – garantizando el uso de la fuerza inmediata, controlando gobiernos proxis, desmantelando las capacidades y la soberanía en toda la región. Quizás estemos más cerca de que las islas cambien de invasor, a que la bandera Argentina vuelva a flamear en su territorio.
