Ayer se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2025 y Argentina volvió a mostrar un retroceso en las tres áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias. El 76% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo en Matemática, mientras que el porcentaje llegó al 59% tanto en Lectura como en Ciencias. Frente a este escenario, el Gobierno nacional responsabilizó a las gestiones anteriores por el deterioro educativo y sostuvo que los resultados son consecuencia de políticas aplicadas durante años. La respuesta abrió una discusión política que contrasta con la posición que el propio oficialismo había adoptado recientemente frente a los resultados del Operativo Aprender, que fueron presentados como una señal positiva de su gestión. Sin embargo, la situación vuelve a poner en el centro otra pregunta: ¿qué lugar ocupa el financiamiento educativo en la recuperación de los aprendizajes?
La evaluación PISA mostró que Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, en todos los casos por debajo de los resultados de 2022. En Matemática, además, el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo viene aumentando de manera sostenida: pasó del 69% en 2018 al 73% en 2022 y al 76% en 2025.
El retroceso tampoco se limita a una asignatura. En Lectura, el 59% quedó por debajo del nivel mínimo, frente al 55% de 2022, mientras que en Ciencias el porcentaje pasó del 54% al 59%. Los resultados ubican a Argentina por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas.
La respuesta del Gobierno
Ante la publicación de los resultados, el Ministerio de Capital Humano atribuyó el deterioro a las políticas educativas de las gestiones anteriores y sostuvo que existe una “cultura educativa instaurada durante años” que produjo un deterioro del sistema. El Gobierno planteó, además, que los resultados deben ser leídos dentro de una tendencia internacional y latinoamericana de retroceso, aunque sostuvo que en Argentina la caída parte de un nivel de desempeño que ya era bajo. Como respuesta, defendió el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática implementados por la actual administración.
El argumento, sin embargo, deja abierta una discusión sobre cómo se distribuyen las responsabilidades cuando los resultados educativos son positivos o negativos. Hace apenas dos meses, el Gobierno había utilizado los resultados del Operativo Aprender como una señal favorable de las políticas impulsadas durante su gestión. Ahora, frente a los resultados de PISA, la explicación oficial se concentra en la herencia recibida.
La diferencia de criterios vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: cuánto tiempo necesita una política educativa para mostrar resultados y, al mismo tiempo, hasta dónde una administración puede atribuirse los avances o desligarse de los retrocesos producidos durante su período de gobierno.
El interrogante por el financiamiento educativo
El debate adquiere otra dimensión si se incorpora la situación presupuestaria del sistema educativo. El financiamiento nacional de la educación viene registrando una fuerte reducción en términos reales durante los últimos años. La inversión educativa nacional acumula una caída del 47,7% en tres años y pasó de representar el 1,41% del PBI en 2023 al 0,86% en 2024. Para 2026, la estimación se ubica alrededor del 0,75% del PBI.
Esto no permite establecer una relación automática entre menor inversión y peores resultados de PISA: las pruebas evalúan trayectorias educativas que se construyen durante años y el deterioro del aprendizaje argentino es anterior a la actual gestión. Pero sí instala una pregunta difícil de eludir: ¿puede recuperarse el sistema educativo al mismo tiempo que se reduce de manera sostenida el financiamiento destinado a la educación?
La discusión tampoco se limita al presupuesto nacional. Los resultados de PISA muestran problemas vinculados con las desigualdades socioeconómicas, las condiciones de infraestructura, la disponibilidad de materiales educativos y las dificultades que atraviesan las aulas. En Argentina, el 54% de los estudiantes señaló no disponer del material educativo necesario y la mitad asistía a establecimientos con deficiencias de infraestructura. Al mismo tiempo, el 78% de los estudiantes destacó el compromiso de sus docentes con el aprendizaje, un dato que muestra que el problema no puede reducirse exclusivamente al desempeño de quienes enseñan.
Un problema que excede a una gestión
Los resultados de PISA no comenzaron a deteriorarse con el actual Gobierno. En Matemática, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel mínimo viene aumentando desde 2018 y la Argentina arrastra dificultades estructurales que atraviesan distintas administraciones.
Pero esa perspectiva histórica tampoco alcanza para cerrar la discusión sobre el presente. Una política educativa sostenida requiere continuidad, recursos y capacidad de evaluación, y los resultados de PISA deberían servir para discutir qué está funcionando, qué debe corregirse y qué condiciones hacen falta para revertir una tendencia que lleva años.
El contraste entre el uso político de los resultados de Aprender y la respuesta frente a PISA vuelve especialmente relevante esa discusión. Si cuando los indicadores mejoran se los presenta como resultado de una política de gobierno, pero cuando empeoran la responsabilidad recae exclusivamente sobre las gestiones anteriores, queda pendiente una pregunta sobre la propia gestión del presente.
Más allá de las responsabilidades que puedan distribuirse entre distintos gobiernos, el dato central permanece: tres de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los aprendizajes mínimos en Matemática y seis de cada diez quedan por debajo de ese umbral en Lectura y Ciencias.
El desafío, entonces, no debería reducirse a determinar quién tiene la culpa por los resultados. También implica discutir qué recursos, políticas y continuidad necesita el sistema educativo para que dentro de algunos años los números sean diferentes.
