El Ministerio de Seguridad de la Nación actualizó esta semana los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad frente a los delitos informáticos, en un contexto marcado por el aumento de amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos que circulan a través de redes sociales. El cambio quedó plasmado en una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial y apunta especialmente a reforzar los resguardos cuando las investigaciones involucran a menores de edad.
La nueva normativa establece que el personal policial que intervenga en tareas de prevención en el espacio cibernético deberá ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales. En ese marco, queda vedado el uso de datos sensibles y de publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes sin que exista de por medio una autorización judicial. Además, se dispone que, ante la certeza o la sospecha de que una tarea de prevención policial se esté desarrollando sobre un menor de edad, esa actividad deberá suspenderse de inmediato y quedar asentada en el libro de registro correspondiente, con aviso a la autoridad responsable.
La resolución también contempla una serie de situaciones en las que esa suspensión no resultará aplicable. Entre ellas se incluyen los casos en que se detecte un riesgo de vida para el menor, indicios de que se encuentra en situación de desamparo, fugado o sustraído de su entorno, o señales de conductas autolesivas o de riesgo suicida, sin que para esto último sea necesario comprobar que el daño es inminente.
También queda exceptuada la suspensión cuando el menor fuera presunta víctima de un delito que se estuviera cometiendo en tiempo real a través de medios digitales y frenar el monitoreo pudiera afectar la prevención del hecho o la identificación de su autor. El mismo criterio se aplica cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, incluyendo amenazas, planificación o preparación de hechos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, sin importar si el menor involucrado es víctima o autor del hecho.
En todos estos supuestos de excepción, la normativa exige que el personal actuante deje constancia detallada en el libro de registro de las circunstancias que justificaron continuar con la tarea, y que dé aviso de manera inmediata a la autoridad responsable.
La modificación se da en medio de una ola de amenazas de ataques en escuelas de distintos puntos del país, difundidas a través de redes sociales, que en las últimas semanas generó alarma entre familias, docentes y autoridades educativas. El fenómeno llevó a distintas jurisdicciones a reforzar sus propias líneas de investigación, en algunos casos apuntando a la existencia de una trama organizada detrás de la circulación de estos mensajes.
