La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves una medida cautelar de alcance nacional que obliga al Gobierno Nacional a incrementar de forma inmediata los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes y actualizar los montos de las becas estudiantiles en todas las universidades públicas del país, luego de rechazar el recurso extraordinario con el que el Ejecutivo buscaba frenar la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del máximo tribunal desarma la estrategia oficialista de estirar los plazos en los tribunales y le da la razón al reclamo de los rectores y los sindicatos, que venían denunciando un desborde presupuestario y una pérdida del poder adquisitivo cercana al 35%.
Con las firmas de sus ministros, la Corte no solo desestimó el recurso del Gobierno por considerar que no iba contra una sentencia definitiva, sino que también rebotó de taquito un pedido de recusación insólito: el Ejecutivo quería apartar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con el argumento de que, como dan clases en facultades, eran «juez y parte» en el conflicto.
La diferencia entre lo que se firmó y lo que exige la ley
La jugada de la Corte cambia por completo el tablero político. Hace apenas dos semanas, el 10 de junio, el Gobierno y los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían firmado un acta acuerdo para apagar el incendio y evitar que las facultades cerraran sus puertas. Sin embargo, ese acuerdo se queda cortísimo al lado de lo que la Justicia acaba de dejar firme.
Estas son las principales diferencias que ahora el Gobierno va a tener que convalidar:
-La motosierra retroactiva: el acuerdo de junio otorgaba un aumento salarial del 24,33% (en dos tramos) que cubría la inflación reciente de 2025 y lo que va de 2026. Pero la ley va mucho más atrás: exige indexar los sueldos de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2023. Para empatar lo perdido en 2024, los gremios ya avisan que la suba real tiene que ser del 53%.
-El olvido de las Progresar: mientras que el pacto con los rectores solo aumentaba un 50% las Becas Manuel Belgrano (congeladas en $81.685 desde hacía dos años), la ley obliga a actualizar también las Becas Progresar. Hoy, estas becas representan apenas 35 mil pesos mensuales y perdieron un 57% de su valor real desde fines de 2023.
La pulseada por el superávit fiscal
¿Por qué el Gobierno estiró tanto la cuerda judicial? Básicamente, por una cuestión de caja. Aplicar la Ley de Financiamiento Universitario completa tiene un costo fiscal del 0,2% del PBI para todo el año, lo que equivale a unos 1.400 millones de dólares. Como la ley no se puede aplicar de forma retroactiva mes a mes en lo que respecta al desembolso en efectivo, cada mes que el Ejecutivo lograba patear el fallo le significaba un ahorro neto de 100 millones de dólares directos al superávit fiscal.
Tras este fallo, el panorama en los pasillos de las universidades es de cautela. Los rectores descuentan que el Ministerio de Capital Humano va a intentar una última maniobra para dilatar los pagos, probablemente convocando a paritarias urgentes para ofrecer un plan de pago en cuotas largas. De todas formas, desde el sector universitario ya preparan las presentaciones legales para intimar al Poder Judicial y exigir que se ejecute la sentencia de inmediato, sin más vueltas ni grises administrativos.
