A menos de una semana del traspaso del corredor vial a una empresa privada, los 35 trabajadores del peaje La Vasconia enfrentan un escenario de máxima incertidumbre sobre su continuidad laboral. Mientras avanzan los retiros voluntarios y no existen garantías de reincorporación por parte del nuevo concesionario, el conflicto ya desembarcó en el Concejo Deliberante de Tandil, donde los bloques políticos exhibieron posiciones contrapuestas respecto del impacto social que tendrá la medida impulsada por el Gobierno nacional.
El próximo 1 de julio la Ruta Nacional 226 dejará de ser administrada por Corredores Viales para pasar a manos de un consorcio privado, en el marco del proceso de privatización y relicitación de corredores nacionales. Aunque los trabajadores continúan prestando servicio con normalidad, durante los últimos días comenzaron a recibir propuestas de retiro voluntario e indemnizaciones que serían abonadas en doce cuotas y que no contemplan ninguna garantía de continuidad laboral.
El avance de la automatización
El principal riesgo para la planta de trabajadores no se limita al cambio de concesionario. Los nuevos pliegos prevén una mayor automatización del sistema de cobro mediante Telepase, reduciendo la cantidad de cabinas manuales y, en consecuencia, la necesidad de personal permanente.
Frente a este panorama, el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) convocó a asambleas para analizar los pasos a seguir y buscar que la empresa adjudicataria absorba la mayor cantidad posible de empleados en tareas de mantenimiento, asistencia vial, supervisión y soporte técnico.
Un escenario que ya se repite en la región
La situación de La Vasconia replica lo ocurrido recientemente en otros peajes del corredor. En Hinojo, partido de Olavarría, cerca de 70 trabajadores quedaron desvinculados bajo el mismo esquema, mientras que estaciones como El Dorado atraviesan un escenario similar.
La preocupación también llegó al Concejo Deliberante de Tandil. Los bloques opositores cuestionaron que el Estado nacional financie las indemnizaciones para facilitar el proceso de privatización y advirtieron sobre el impacto que la medida tendrá en decenas de familias de la ciudad.
Por su parte, los concejales alineados con La Libertad Avanza evitaron cuestionar la decisión del Gobierno nacional y sostuvieron que la situación responde a las consecuencias propias del proceso de relicitación y modernización del sistema vial. Desde ese espacio manifestaron su expectativa de que la nueva concesionaria decida reincorporar parte del personal, aunque sin precisiones ni garantías sobre el futuro de los trabajadores afectados.
