La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza rompió la uniformidad del discurso oficialista minutos antes de una reunión clave en la Casa Rosada. Aseguró que la justificación del jefe de Gabinete excede el «error involuntario» y advirtió que podría encuadrar en el delito de «omisión maliciosa». Javier Milei y el resto del entorno presidencial mantienen su respaldo al ministro.
La interna en el corazón de La Libertad Avanza sumó su capítulo más dramático. A menos de 24 horas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara una batería de 22 rectificaciones contables y admitiera públicamente haber mantenido ocultos 506.000 dólares en ahorros en negro, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, lanzó una durísima crítica que dinamitó la estrategia de contención diseñada por el Poder Ejecutivo.
Al ser consultada sobre las polémicas justificaciones de Adorni —quien había argumentado que evadir e invertir en criptomonedas fuera del sistema legal «era la manera de escaparte de la vieja política»—, la influyente senadora libertaria fue tajante: “Esto es más que un error, es una omisión ética. Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, sentenció.
El misil político de la legisladora no fue casual ni aislado: se conoció apenas minutos antes de ingresar a las oficinas de la Casa Rosada para participar de una nueva reunión de la Mesa Política, un selecto comité coordinado por el propio Adorni e integrado por figuras de la máxima confianza presidencial como la secretaria General, Karina Milei, y el estratega Santiago Caputo.
El fantasma de la «omisión maliciosa» y el quiebre de la tregua
El endurecimiento de la postura de Bullrich caló hondo en la estructura gubernamental debido a que introdujo un encuadre técnico-legal sumamente adverso para el ministro coordinador. La senadora expuso abiertamente la posibilidad de que el jefe de ministros sea investigado por omisión maliciosa de datos, una tipificación penal regulada por la Oficina Anticorrupción que contempla penas de prisión y, fundamentalmente, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Este posicionamiento de la presidenta del bloque de Senadores representa una estocada directa contra la línea de defensa que Adorni y sus abogados estructuraron ante la Justicia. El jefe de Gabinete pretendía ampararse en los nuevos máximos punibles de la Ley de Inocencia Fiscal para saldar el ocultamiento mediante una moratoria económica ante el ARCA, transformando una sospecha de corrupción en una simple falta tributaria de carácter privado. Para Bullrich, en cambio, la conducta del funcionario quiebra los estándares de transparencia exigidos a los representantes de la administración pública.
Como contrapartida y para marcar la cancha, la propia senadora ya había difundido en detalle su propia declaración jurada patrimonial días atrás, un gesto político que en los pasillos del Congreso fue interpretado como un mensaje elocuente hacia el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Milei respalda a su mano derecha ante la presión opositora
A pesar del cimbronazo interno y el vacío político que generó el dictamen ético de la senadora, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Adorni. El jefe de Estado y su entorno más estrecho aseguraron que las explicaciones brindadas en televisión por el exvocero son «suficientes» para despejar cualquier sospecha y ratificaron que el origen de los fondos es legítimo y enteramente previo a su llegada a la función pública. Desde la cima del poder libertario insisten en que la causa judicial por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal Gerardo Pollicita es, en realidad, una maniobra de la oposición para «voltear al Gobierno».
Sin embargo, el fuego amigo iniciado por el sector de Bullrich reavivó de forma inmediata los cuestionamientos de las bancadas opositoras en el Congreso. Distintos bloques ya preparan pedidos de informes complementarios para que el jefe de Gabinete detalle las claves de acceso de las billeteras virtuales con las que operó Bitcoins entre 2013 y 2018, y aclare las llamativas deudas cruzadas con dos jubiladas que financiaron la compra de su última propiedad en Caballito. Con la interna expuesta y la advertencia de que «la Justicia tendrá que determinar», la permanencia de Adorni en el centro de la escena pública promete sumar nuevos y complejos capítulos judiciales.
