A días de una nueva conmemoración del Ni Una Menos, el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba vuelve a poner en discusión no sólo la persistencia de las violencias contra mujeres y niñas, sino también el rol que desempeña el sistema judicial frente a estos casos. Porque cuando una adolescente de 14 años aparece asesinada tras varios días de búsqueda, las preguntas exceden la investigación penal: también interpelan a las instituciones encargadas de prevenir, actuar y acompañar.
La desaparición y posterior asesinato de Agostina generaron una profunda conmoción social. Mientras la causa avanza para determinar las circunstancias del femicidio y las responsabilidades penales correspondientes, el caso volvió a exponer una discusión recurrente en la Argentina: la distancia que muchas veces existe entre las demandas sociales de justicia y la forma en que determinados sectores institucionales abordan estos hechos.
Esa tensión quedó expuesta durante la conferencia de prensa brindada por el fiscal a cargo de la investigación. En medio de las explicaciones sobre el caso, el funcionario decidió destacar el trabajo realizado por los perros que participaron de la búsqueda. La situación derivó en un intercambio con Laura Vilches, periodista, docente y exlegisladora de Córdoba, quien lo interceptó y cuestionó el enfoque adoptado. «Puede ahorrarse el cinismo», le dijo Vilches quien planteó que, frente al asesinato de una adolescente, el reconocimiento a los canes aparecía como una respuesta descontextualizada y carente de sensibilidad frente a la gravedad de lo ocurrido.
La polémica no se limitó a una frase desafortunada. Lo que generó rechazo fue la percepción de una mirada institucional que parecía correrse del centro del problema. Cuando una familia busca respuestas sobre el asesinato de una hija, cuando una comunidad exige justicia y cuando el país se prepara para recordar una nueva jornada del Ni Una Menos, el debate no pasa por quién encontró el cuerpo, sino por las condiciones que permitieron que una adolescente terminara asesinada.
La reacción social frente a las declaraciones del fiscal refleja además una demanda cada vez más extendida: que la Justicia no sólo investigue, sino que también comprenda la dimensión humana, social y política de estos hechos. Y que actúe con la urgencia que los hechos demandan. En los últimos años, los movimientos feministas han cuestionado reiteradamente prácticas, discursos y prejuicios que persisten dentro de distintos ámbitos judiciales y que muchas veces condicionan la forma en que se interpretan las violencias de género.
A once años del primer Ni Una Menos, el caso de Agostina Vega vuelve a recordar que la discusión no se agota en la condena de un responsable. También obliga a revisar el funcionamiento de las instituciones, la capacidad de respuesta del Estado y los discursos que emergen desde quienes tienen la responsabilidad de garantizar justicia.
Porque cuando una mujer es asesinada, la sociedad espera algo más que una investigación penal. Espera empatía, responsabilidad y una respuesta institucional a la altura de la tragedia. Y esa sigue siendo una de las grandes deudas pendientes.
