La problemática de las explosiones sonoras y las caravanas nocturnas en Tandil podría enfrentar un cambio de paradigma tras la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que propone endurecer drásticamente las sanciones. La iniciativa, impulsada por el diputado Manuel Passaglia, busca modificar el esquema vigente de multas económicas por un sistema de decomiso y destrucción de los vehículos que posean escapes adulterados. El legislador argumentó que los castigos actuales han fracasado frente a conductas deliberadas que buscan generar molestias, por lo que el Estado debe dar una respuesta más firme para garantizar el derecho al descanso y la convivencia urbana.
El eje central de la propuesta establece que los escapes ilegales sean decomisados y destruidos de manera inmediata, pero lo más disruptivo es la facultad que se le otorgaría a la Justicia para ordenar la compactación total del vehículo en los casos considerados más graves. Para llegar a esta instancia, los jueces administrativos evaluarán criterios como el nivel de ruido generado, la intencionalidad del infractor y el impacto social del hecho, especialmente si las infracciones ocurren en cercanías de escuelas, centros de salud o zonas densamente pobladas. Además, el proyecto pretende atacar toda la cadena de responsabilidades, incluyendo sanciones para la fabricación, venta e instalación de estos dispositivos no reglamentarios en toda la provincia.
Esta medida, aunque calificada como fuerte por su propio autor, se plantea como una respuesta proporcional al daño que generan las motos de baja cilindrada y los vehículos modificados en el medio ambiente y la salud pública. En ciudades como Tandil, donde las caravanas de jóvenes y los denominados «cortes» son moneda corriente, la posibilidad del secuestro preventivo y la destrucción final de la unidad busca eliminar el problema de raíz. De avanzar en la Legislatura, la normativa marcaría un precedente en la seguridad vial bonaerense al priorizar el bienestar de los vecinos por sobre el valor económico del bien infractor.
