Lo que era una advertencia terminó siendo una realidad desesperante. Desde el 1° de marzo, las localidades de María Ignacia Vela y Gardey se quedaron sin médico de cabecera de PAMI, dejando a más de 300 jubilados en un vacío legal y sanitario. A pesar de que el recorte y la falta de designación dependen directamente de la administración nacional de La Libertad Avanza, el organismo sigue sin nombrar un reemplazo, transformando un trámite administrativo en un problema de vida o muerte.
Crónica de una desidia anunciada
La crisis estalló cuando el doctor Tringler, quien cumplía la tarea de médico de cabecera, dejó su cargo el 28 de febrero. El profesional había avisado su renuncia con cinco meses de anticipación (en octubre del año pasado). Sin embargo, la intervención de PAMI, hoy bajo la órbita del gobierno libertario, no movió un papel para garantizar la continuidad del servicio. Tampoco hubo declaraciones ni se conocen gestiones realizadas por el referente local de La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina, quien se ha llamado a silencio y no ha dado declaraciones al respecto.
Desigualdad territorial: «Ciudadanos de segunda»
El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución para exigirle a PAMI la restitución inmediata del servicio. El concejal Severiano Mon fue tajante al señalar la responsabilidad política del organismo nacional: «No puede ser que por vivir en Vela o Gardey un afiliado tenga menos derechos que quien vive en el centro», afirmó.
La falta de un médico de cabecera no es solo «no tener consulta»; para un jubilado rural significa, la imposibilidad de renovar recetas de medicamentos crónicos, la falta de seguimiento profesional para patologías graves y dificultades de traslado ya que muchos no tienen cómo viajar hasta el casco urbano de Tandil para ver a un médico, dependiendo de transportes caros o familiares que no siempre están.
Un responsable que no aparece
El delegado municipal de Vela, Pablo Retondo, también formalizó el reclamo el 30 de marzo, subrayando que la situación representa una vulneración directa del derecho a la salud. Hasta el año 2023, el servicio funcionaba con normalidad bajo el esquema previo, pero la llegada de la nueva gestión nacional interrumpió la cobertura sin dar explicaciones públicas ni planes de contingencia.
Hoy, un mes después del inicio del conflicto, los 300 afiliados rurales de PAMI son el rostro del ajuste más crudo: abuelos que deben elegir entre pagar un viaje a Tandil o comprar comida, mientras esperan que algún funcionario de La Libertad Avanza firme la designación de un médico que les devuelva su derecho básico a la salud.
