Un fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Tandil detectó inconsistencias contables, observaciones administrativas y llamados de atención a funcionarios del área económica de la comuna.
Según informó el portal Realpolitik, el organismo de control provincial aprobó los estados contables del ejercicio, aunque señaló incumplimientos legales y fallas en los mecanismos de control interno durante la gestión encabezada por el intendente Miguel Ángel Lunghi, con intervalos a cargo de Juan Pablo Frolik y María Haydee Condino.
Diferencias millonarias en el patrimonio municipal
Uno de los puntos más relevantes señalados por el Tribunal de Cuentas se vincula con diferencias significativas en el registro del patrimonio municipal, particularmente en la cuenta contable “Edificios e Instalaciones”, que incluye inmuebles, estructuras y obras que forman parte de los activos del municipio.
De acuerdo con la información publicada por Realpolitik, durante la auditoría se detectó una discrepancia de 395.347.010,17 pesos entre el saldo consignado en el balance general de la comuna y el monto registrado en el sistema de bienes físicos utilizado para el control del patrimonio público.
Esto significa que los valores asentados en la contabilidad oficial no coincidían con los registros del inventario patrimonial, una herramienta clave para verificar la existencia y valuación de los bienes del estado municipal.
El organismo de control atribuyó esta diferencia a inconsistencias en los procesos de conciliación entre el inventario de bienes y los registros contables, lo que impidió verificar con precisión la correspondencia entre ambos sistemas. Según advirtió el Tribunal, este tipo de irregularidades puede afectar la correcta valuación del patrimonio municipal y debilitar los mecanismos de transparencia en la administración pública.
Observaciones sobre deuda flotante y presupuesto
El fallo también incluyó observaciones sobre el manejo presupuestario de la llamada “deuda flotante”, es decir, los compromisos de pago pendientes al cierre de cada ejercicio fiscal.
Inicialmente, el presupuesto municipal había previsto 450 millones de pesos para cubrir ese pasivo. Sin embargo, posteriormente el monto debió ajustarse hasta 1.372.724.280,85 pesos, cifra que reflejaba el saldo real registrado al cierre del ejercicio 2023.
Según el Tribunal de Cuentas, el mecanismo utilizado por la administración municipal para modificar estas partidas no respetó el procedimiento administrativo previsto por la normativa presupuestaria, lo que derivó en observaciones formales.
El organismo también advirtió que la diferencia entre lo presupuestado y el saldo efectivo expone fallas en la planificación financiera y en los mecanismos de actualización del presupuesto municipal.
Pagos observados y multas pendientes
Entre las irregularidades detectadas también figuran órdenes de pago emitidas sin las firmas correspondientes, una práctica que contraviene lo establecido por la normativa administrativa municipal.
En particular, el Tribunal señaló pagos realizados mediante órdenes que no contaban con la firma del jefe comunal. Desde el área de contaduría se explicó que las órdenes habían sido firmadas por funcionarios interinos con delegación de funciones, aunque la Relatoría del organismo consideró que esa delegación no estaba correctamente instrumentada.
El fallo también recuperó observaciones de ejercicios anteriores vinculadas a contrataciones públicas. En ese sentido, se advirtió la falta de constancias sobre el ingreso a las arcas municipales de multas aplicadas a contratistas por incumplimientos en licitaciones públicas, las cuales aún se encontraban pendientes de cobro al momento del análisis.
Funcionarios alcanzados por sanciones
Como resultado de las irregularidades detectadas, el Tribunal resolvió aplicar “llamados de atención”, una sanción administrativa prevista en la normativa del organismo de control.
Los funcionarios alcanzados por la medida fueron el contador municipal Claudio Alberto Biset, el director de Patrimonio Gustavo Mario Di Marco, el secretario de Economía y Administración Jesús Martín Echeverría, el director de Presupuesto Abel Ángel Puime y la tesorera Graciela María Aguiñaga.
De acuerdo con el fallo, los funcionarios sancionados podrán recurrir la decisión dentro de un plazo de quince días a través de la vía contencioso administrativa.
A pesar de las observaciones realizadas, el Tribunal de Cuentas resolvió aprobar la rendición de cuentas del ejercicio 2024 al considerar que los estados contables reflejan razonablemente la situación financiera del municipio. No obstante, el organismo recomendó corregir las fallas detectadas en los circuitos administrativos, contables y de control interno para evitar futuras sanciones.
