El Centro de Martilleros de Tandil recibe al menos una consulta diaria relacionada con posibles loteos irregulares o terrenos cuya situación urbanística genera dudas. El dato refleja una problemática que viene adquiriendo mayor presencia en el mercado inmobiliario local y que está vinculada, entre otras cuestiones, con la comercialización de inmuebles bajo la figura de condominio. El Concejo Deliberante tratará hoy un proyecto de Fuerza Patria que propone implementar un Certificado de Aptitud Urbanística.
La modalidad implica que varias personas adquieren porcentajes de un mismo inmueble, pero no necesariamente un lote individual. La dificultad aparece cuando quienes realizan la operación esperan posteriormente subdividir el terreno y construir una vivienda, pero las características de la parcela o la normativa vigente no permiten hacerlo.
En ese contexto, las consultas buscan determinar previamente qué posibilidades concretas tiene un terreno, si puede subdividirse y qué tipo de construcción admite la normativa. La cuestión resulta especialmente relevante ante la demanda existente de suelo urbano en Tandil y los valores que implica acceder a un lote.
Creación de un Certificado de Aptitud Urbanística
La problemática llega este jueves al Concejo Deliberante, donde está previsto el tratamiento de un proyecto presentado por el bloque de Fuerza Patria que propone crear un Certificado de Aptitud Urbanística. La iniciativa obtuvo dictamen favorable y plantea establecer una herramienta que permita contar con información oficial sobre la situación urbanística de un inmueble antes de avanzar en una operación.
El certificado permitiría conocer las condiciones que pesan sobre cada parcela y determinar, entre otros aspectos, sus posibilidades de subdivisión y urbanización de acuerdo con la normativa vigente. La propuesta busca así incorporar una instancia previa de información frente a una situación que actualmente genera consultas frecuentes entre quienes buscan comprar un terreno.
El tratamiento del proyecto en el recinto pondrá en discusión qué mecanismos pueden implementarse para brindar mayor claridad sobre la situación de los inmuebles que se ofrecen en el mercado y evitar que una operación inmobiliaria avance sobre expectativas que después no puedan concretarse.
