El Senado de la Nación aprobó en la madrugada del 7 de agosto un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, luego de una sesión que se extendió por más de 10 horas y que quedó marcada por sucesivas modificaciones al texto original. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Un proyecto recortado en el debate
La sesión, presidida por el titular provisional de la Cámara alta ante el viaje al exterior del presidente Javier Milei, terminó con un resultado distinto al que buscaba originalmente el oficialismo. Antes de la votación en general, el bloque libertario debió resignar el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego, ante la resistencia de senadores de fuerzas provinciales y patagónicas que se oponían a habilitar la disposición de tierras afectadas por incendios antes de los plazos vigentes.
Se trató del segundo retroceso del oficialismo en 48 horas: dos días antes ya había debido descartar la eliminación de los límites a la venta de tierras productivas a extranjeros, otro de los puntos centrales del proyecto original.
Con esas dos bajas, la ley quedó reducida a los capítulos vinculados con la aceleración de los procesos de desalojo y con cambios en los requisitos para que el Estado pueda expropiar bienes privados.
Desalojos más rápidos y nuevas reglas para expropiar
El texto aprobado establece que todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán mediante juicio sumarísimo, un procedimiento judicial abreviado. En los casos de falta de pago de alquileres, se fija un plazo mínimo de diez días para intimar al inquilino antes de iniciar la demanda, y se habilita la notificación en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
A pedido de la oposición dialoguista, se incorporó la obligación de dar intervención a organismos de protección cuando en la vivienda a desalojar haya menores o personas con discapacidad, además de un plazo de hasta diez días para garantizar una alternativa habitacional.
En materia de expropiaciones, la nueva normativa exige que la declaración de utilidad pública sea de interpretación restrictiva y que el Estado identifique de forma específica el fin perseguido. La indemnización quedará limitada al valor de mercado del bien y a los daños directos, mientras que el reconocimiento del lucro cesante tendrá un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo que se demuestre una afectación mayor.
Un debate con cruces políticos
Durante la sesión se registraron fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Desde el bloque libertario se defendió el proyecto como una herramienta para dar previsibilidad y garantías a la propiedad privada, mientras que desde el kirchnerismo se cuestionó que las nuevas reglas de expropiación terminen encareciendo el proceso para el Estado y que los cambios en desalojos afecten a inquilinos con contrato en un contexto de dificultades económicas.
También se rechazó, por 38 votos contra 31, una moción de la bancada peronista para devolver el proyecto a comisión, lo que hubiera dejado sin tratamiento la iniciativa en esa sesión.
Fuera del recinto, una manifestación en rechazo a la ley derivó en incidentes entre grupos de personas y las fuerzas de seguridad, ya sobre el final de la protesta frente al Congreso.
El proyecto, ahora con un alcance más acotado que el original, pasa a la Cámara de Diputados, donde se definirá su suerte final.
