Mientras continúa el debate sobre los mecanismos de control de los nuevos desarrollos inmobiliarios en Tandil, el bloque de Fuerza Patria aguarda la respuesta del Ejecutivo sobre la iniciativa presentada para fortalecer la planificación urbana. El proyecto de ordenanza propone establecer mayores exigencias para la comercialización de inmuebles bajo la figura de condominio, con el objetivo de brindar mayor transparencia a los compradores y evitar que emprendimientos con restricciones urbanísticas se consoliden mediante modalidades de venta que puedan generar confusión.
La propuesta se inscribe en una discusión más amplia que desde hace tiempo atraviesa la agenda política local respecto de los controles sobre los desarrollos inmobiliarios y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial. En ese marco, desde el bloque impulsor sostienen que resulta necesario incorporar herramientas preventivas que permitan intervenir antes de que las irregularidades se conviertan en hechos consumados.
Según se desprende de los fundamentos del proyecto, en los últimos años creció la comercialización de inmuebles bajo el régimen de condominio en sectores donde la normativa urbanística vigente no admite subdivisiones parcelarias. Si bien esa figura está contemplada por el Código Civil y Comercial de la Nación, advierten que, en algunos casos, las operaciones pueden inducir a error sobre aspectos centrales como la posibilidad de subdividir el terreno, acceder a servicios públicos o desarrollar determinados usos del suelo.
Por ese motivo, la iniciativa aclara que no pretende modificar el régimen jurídico del condominio, sino incorporar condiciones de transparencia e información urbanística obligatoria para quienes promocionen o comercialicen este tipo de inmuebles dentro del Partido de Tandil.
Declaración jurada y certificado urbanístico
El proyecto establece que, antes de iniciar la promoción o venta de un inmueble bajo la figura de condominio, el titular deberá presentar una Declaración Jurada de Información Urbanística Básica con datos como la zonificación del inmueble, si admite o no subdivisión parcelaria, los usos permitidos, la prefactibilidad de los servicios públicos y una aclaración expresa de que la operación corresponde a la adquisición de una cuota ideal indivisa y no de un lote individualizado.
Con esa documentación, el Municipio deberá emitir un Certificado de Situación Urbanística, que deberá incorporarse obligatoriamente a toda publicidad gráfica o digital y entregarse al comprador antes de la firma de cualquier boleto o contrato. Asimismo, toda promoción deberá advertir de manera visible que la operación se realiza bajo régimen de condominio y que el inmueble no se encuentra subdividido conforme a la normativa municipal vigente.
La propuesta también prohíbe cualquier forma de publicidad que sugiera la existencia de lotes individuales cuando no los haya o que haga referencia a futuras subdivisiones sin autorización administrativa expresa, además de prever sanciones económicas para quienes incumplan esas disposiciones.
Una estrategia más amplia para fortalecer los controles
La iniciativa no aparece de manera aislada. Forma parte de una serie de proyectos que Fuerza Patria viene impulsando en el Concejo Deliberante con el propósito de reforzar los controles sobre los nuevos desarrollos inmobiliarios y dotar al Estado municipal de herramientas preventivas.
Entre esas propuestas también se encuentra el proyecto que plantea exigir la acreditación del Certificado de Aptitud Urbanística como requisito indispensable para que los nuevos loteos puedan acceder a conexiones de servicios públicos como electricidad, agua, gas o cloacas. La intención es impedir que emprendimientos que no cuentan con las autorizaciones urbanísticas correspondientes terminen consolidándose mediante la incorporación de infraestructura básica.
Desde el bloque consideran que ambas iniciativas responden a una misma lógica: fortalecer los mecanismos de control antes de que los proyectos avancen, brindando mayor seguridad tanto a quienes invierten en un inmueble como al propio Municipio en su tarea de ordenar el crecimiento urbano.
En ese sentido, sostienen que garantizar información clara sobre la situación urbanística de los condominios y condicionar el acceso a los servicios públicos al cumplimiento de la normativa vigente constituyen herramientas complementarias para preservar el ordenamiento territorial y evitar conflictos posteriores derivados de emprendimientos que no se ajusten a las reglas establecidas por el Plan de Desarrollo Territorial.
