El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos. La medida retira el financiamiento público parcial que regía desde 2018 para cubrir los boletos contemplados por las leyes de protección a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, y niños, niñas y adolescentes con tratamientos oncológicos.
El argumento oficial de la Secretaría de Transporte sostiene que la desregulación total del sector, implementada mediante el Decreto 883/2024, modificó la ecuación jurídica y económica que justificaba la asistencia estatal. Al contar ahora con plena autonomía para fijar recorridos, horarios y esquemas tarifarios sin las antiguas bandas de precios impuestas por el Estado, la autoridad de aplicación considera que las compañías interjurisdiccionales se encuentran en condiciones comerciales de absorber el costo de estos pasajes gratuitos dentro de su estructura operativa habitual.
A pesar de la quita del subsidio a las empresas, el texto de la normativa aclara explícitamente que la medida no altera el derecho a la gratuidad de los usuarios, el cual permanece plenamente vigente y exigible bajo el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. Las firmas del sector de larga distancia mantienen la obligación legal de emitir los boletos sin costo para los beneficiarios acreditados, quedando la fiscalización y el control de cumplimiento bajo la estricta órbita de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Para acceder al beneficio, los usuarios deberán continuar con los trámites habituales de reserva digital o presencial en boleterías con al menos 48 horas de anticipación.
No obstante, la supresión de las transferencias estatales generó una fuerte incertidumbre en los sectores de la oposición y en las organizaciones que nuclean al colectivo de discapacidad, donde advierten que la medida dificultará el cumplimiento real de los cupos en los micros en un contexto de retracción de políticas públicas. La controversia se enmarca en un escenario crítico para los usuarios de transporte; según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las tarifas mínimas de colectivos urbanos se multiplicaron de forma exponencial desde el recambio de gestión nacional, con subas que superaron ampliamente al índice de precios al consumidor y que provocaron una caída interanual del 12,9% en el total de pasajeros transportados.
