Los diagnósticos territoriales elaborados por los Puntos de Extensión Territorial (PET) de la Secretaría de Extensión de la Unicen revelaron una ciudad atravesada por fuertes desigualdades entre su centro y su periferia, con barreras urbanas, acceso desigual a servicios básicos, dificultades en el sistema de salud, precariedad laboral y un creciente déficit habitacional que condicionan la vida cotidiana en distintos barrios de Tandil.
Una ciudad que crece a dos velocidades
El análisis, centrado en cinco zonas de la ciudad —La Movediza, Villa Aguirre, Villa Gaucho, Villa Laza y Cerro Leones—, muestra que mientras Tandil consolida su perfil turístico, empresarial y de servicios, amplios sectores de la periferia enfrentan un déficit estructural que impacta de manera directa en la calidad de vida de miles de vecinos. Parte de la evidencia utilizada para elaborar estos diagnósticos surgió de un relevamiento estadístico realizado el año pasado por la Práctica Socioeducativa de la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas, en articulación con los dispositivos territoriales que la Universidad mantiene de forma permanente en los barrios.
Las barreras urbanas que fragmentan la ciudad
Uno de los puntos más críticos identificados es la consolidación de barreras urbanas físicas que dividen a la ciudad entre un centro integrado y una periferia aislada. El caso más emblemático es la Ruta Nacional 226, que funciona como una verdadera frontera para los habitantes del Corredor Norte, que incluye a los barrios Villa Aguirre y Villa Gaucho. Cruzarla a pie o en bicicleta para llegar a escuelas, trabajos o centros de salud de mayor complejidad implica un riesgo vial constante, y su presencia también retrasa el ingreso de ambulancias, patrulleros y bomberos ante emergencias.
A esa barrera se suman otras de carácter más local. En Cerro Leones, las cavas de piedra abandonadas y sin reacondicionar interrumpen la continuidad de las calles y generan sectores de baja visibilidad, con riesgo físico particular para los niños que circulan por la zona. En sectores de Villa Aguirre, el arroyo Langueyú también actúa como una barrera dentro del territorio, con problemas históricos de saneamiento y contaminación que se combinan con una integración deficiente del curso de agua a la trama urbana. A todo esto se agregan las limitaciones del transporte público, cuya frecuencia y recorridos resultan insuficientes para garantizar una conexión adecuada entre los distintos puntos de la ciudad.
Inseguridad con matices según el barrio
Los diagnósticos muestran que la percepción de inseguridad varía considerablemente según la zona y se entrelaza con los déficits de infraestructura. En Villa Gaucho y Cerro Leones, buena parte del peligro cotidiano está asociado al entorno físico: las rutas Nacional 226 y Provincial 30 obligan a los vecinos a cruzar tramos de alta peligrosidad, mientras que el puente peatonal del Corredor Norte se encuentra subutilizado por sus condiciones deficientes de mantenimiento e iluminación. En Cerro Leones, además, el riesgo vial se combina con el uso recreativo de las antiguas cavas durante el verano, lo que genera un foco de conflicto para la convivencia vecinal.
En el Corredor Oeste, en barrios como Villa Laza, General Belgrano y Charitos, la sensación de inseguridad se vincula más al deterioro del espacio público: falta de alumbrado, terrenos sin mantenimiento y animales sueltos por ausencia de controles. Ese escenario afecta directamente la movilidad de los vecinos: uno de cada cinco adultos mayores de la zona manifestó tener dificultades para desplazarse, señalando la inseguridad y el estado de las calles como principales motivos.
El caso de mayor tensión aparece en La Movediza, donde la inseguridad encabeza ampliamente el ranking de preocupaciones vecinales, con más de 145 menciones registradas en los relevamientos. Allí conviven dos problemáticas centrales: la venta de estupefacientes, que demanda intervención policial directa, y un aumento en los conflictos vecinales y las situaciones de violencia de género, que requieren respuestas que exceden el patrullaje y demandan redes de contención institucional.
Servicios básicos desiguales
El acceso a servicios esenciales también muestra brechas marcadas entre barrios. En La Movediza, pese a que la cobertura eléctrica es prácticamente total, cerca del 60% de los hogares no cuenta con red de gas natural, lo que incrementa el uso de gas envasado y de métodos de calefacción alternativos que elevan los cuadros respiratorios durante el invierno. El acceso al agua también resulta precario en sectores como La Movediza 2, la Cava y la extensión de La Movediza 1.
En Villa Laza, particularmente en el sector de Los Charitos, persiste el reclamo histórico por la falta de presión y acceso regular a la red de agua potable, junto con deficiencias en el saneamiento y falta de cloacas en las áreas de expansión más reciente. En Villa Aguirre, el complejo Tarraubela, incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares, presenta un abastecimiento de agua que depende de una manguera compartida con roturas frecuentes, mientras que los efluentes se disponen sin infraestructura adecuada.
Un sistema de salud que llega a atajar las urgencias
Las deficiencias de infraestructura, el frío por falta de gas y la exposición a focos infecciosos confluyen en la demanda hacia los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de cada barrio. En sectores con población más joven, como La Movediza 2 o Villa Laza, la mayor presión recae sobre pediatría. En La Movediza, el 67,7% de los hogares utiliza el centro de salud del barrio y la valoración general es satisfactoria, aunque se identifica como necesidad prioritaria la incorporación de profesionales de medicina general, pediatría y ginecología, además de la ampliación de la capacidad del centro y su acercamiento a la zona baja.
En contraste, el barrio General Belgrano presenta un perfil poblacional más envejecido, con demandas centradas en enfermedades crónicas y una creciente preocupación por la salud mental y el aislamiento de los adultos mayores, agravado por las dificultades para movilizarse en un entorno urbano con numerosos obstáculos.
Informalidad laboral y economía popular
En el plano económico, si bien el trabajo en relación de dependencia continúa siendo la base del sostén familiar en buena parte de los hogares, se observa un fuerte componente de emprendedurismo de subsistencia. En Villa Laza y Los Charitos, la elaboración de alimentos para la venta es una salida recurrente, aunque casi el 68% de quienes se dedican a esta actividad no cuenta con carnet de manipulación. En La Movediza, el 41,8% de los hogares tiene algún tipo de emprendimiento, y entre los principales apoyos requeridos se mencionan la difusión, el financiamiento y el acceso a maquinaria e insumos.
El desafío de la integración comunitaria
Frente a este escenario de fragmentación, instituciones intermedias como clubes, escuelas y sociedades de fomento funcionan como un puente clave para la vida barrial, aunque los diagnósticos advierten sobre la necesidad de fortalecer esos vínculos. En La Movediza, más del 70% de los vecinos desconoce la existencia de la Mesa Barrial, el principal espacio de articulación de demandas del sector. En Cerro Leones, la dispersión institucional y la intermitencia de los espacios organizativos dificultan una respuesta colectiva sostenida frente a las demandas históricas de la comunidad. En Villa Gaucho, más de la mitad de los hogares con adultos mayores no cuenta con un espacio de referencia barrial, pese a la presencia de distintas instituciones en la zona.
Los relevamientos también muestran desigualdades de género en las tareas de cuidado: en Villa Laza, cuando esa responsabilidad recae sobre una sola persona, en el 82,1% de los casos se trata de la madre, una situación que suele combinarse con la participación en el mercado laboral y configura una doble jornada.
El déficit habitacional, una paradoja que persiste
El crecimiento urbano de Tandil no estuvo acompañado por un mayor acceso de la población a la vivienda. La investigadora Dana Valente Ezcurra analizó este fenómeno en un artículo centrado en los conflictos por ocupación colectiva de tierras y viviendas en la ciudad, en el que planteó que la urbanización de las áreas serranas y el desarrollo de edificios en altura en las zonas centrales expresan un proceso de fuerte avance del capital inmobiliario, que a la vez generó dinámicas de desplazamiento de distintos sectores sociales hacia los márgenes de la ciudad.
Según su análisis, los sectores más afectados por este proceso fueron principalmente la población desocupada y empobrecida, amplios sectores de la clase trabajadora y fracciones de menores ingresos, que en muchos casos se desplazaron hacia barrios en proceso de consolidación donde el suelo resultaba más accesible, mientras que otras familias directamente debieron dejar sus hogares al no poder sostener el pago de los alquileres.
Los datos censales que analiza la investigadora muestran una paradoja significativa: entre 2001 y 2022, la población de Tandil creció un 33,8%, al pasar de 108.109 a 144.678 habitantes, mientras que la cantidad de hogares aumentó un 72,6% y el número de viviendas prácticamente se duplicó, con un incremento del 97,5%. Según un relevamiento adicional, entre 2021 y 2026 la cantidad de medidores residenciales de la Usina pasó de 60.300 a 66.250, un incremento del 10% en cinco años. En el mismo período, la densidad habitacional bajó de 3,28 a 2,22 habitantes por vivienda.
Pese a este crecimiento del parque habitacional muy superior al del crecimiento poblacional, el déficit de vivienda no desapareció. Para Valente Ezcurra, la explicación no está en la cantidad de unidades construidas, sino en su distribución desigual y en un proceso de financiarización que convirtió a la vivienda cada vez más en una mercancía antes que en un derecho garantizado.
El aporte de la extensión universitaria al diagnóstico
Este tipo de diagnósticos se enmarca en un trabajo territorial más amplio que la Unicen sostiene a través de su Secretaría de Extensión. Según el relevamiento de la Semana de la Extensión 2026, coordinado por esa área junto con las Secretarías de Extensión de cada unidad académica, la Universidad registra 219 experiencias de extensión distribuidas en 60 localidades de la región centro bonaerense, vinculadas a 632 organizaciones territoriales, con Tandil como la ciudad de mayor concentración de experiencias, seguida por Olavarría y Azul.
Dentro de ese universo, la categoría temática más frecuente es salud y bienestar, seguida por educación, trabajo y economía social, y cultura y patrimonio. El relevamiento también identificó que las experiencias que trabajan con anclaje en los Puntos de Extensión Territorial —como los que produjeron los diagnósticos barriales de Tandil— presentan un tejido organizacional considerablemente más denso que aquellas sin ese anclaje, con mayor presencia de organizaciones comunitarias y un despliegue más fuerte de tareas de acompañamiento territorial.
