La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, denominado «Ley Hojarasca», con un resultado de 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone la eliminación de 58 leyes, la modificación de ocho artículos y la supresión de dos decretos. Para su aprobación en el recinto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal, logrando la mayoría necesaria en una jornada caracterizada por las disputas en torno a la conformación de la agenda parlamentaria.
El inicio de la actividad legislativa estuvo marcado por una controversia reglamentaria que impidió el tratamiento de las denuncias sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo convocó a la sesión ordinaria una hora antes de la citación especial solicitada por las bancadas opositoras para interpelar al funcionario. El presidente del cuerpo, Martín Menem, desestimó una moción de orden de Unión por la Patria que buscaba pasar a un cuarto intermedio para habilitar la sesión opositora, argumentando que no existían antecedentes de interrupción de un debate en curso. Posteriormente, una votación alternativa para levantar la sesión fue rechazada por 131 votos negativos contra 111 positivos, lo que clausuró la posibilidad de debatir la situación del jefe de Gabinete y blindó la continuidad del temario oficialista.
A pesar de que los argumentos del bloque gubernamental sostienen que la norma limpia el ordenamiento jurídico de regulaciones perimidas, los sectores de la oposición señalaron que el texto avanza sobre marcos regulatorios de áreas estratégicas. Entre los puntos aprobados figura la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y materias primas bajo el concepto de bienes sociales, una normativa que el Poder Ejecutivo calificó como meramente declamativa. Asimismo, el proyecto suprime la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, la cual restringe al 30% la participación de capitales extranjeros en empresas de medios de comunicación nacionales, y la Ley 14.800, que obliga a edificar una sala teatral a quien demuela una propiedad que contara con ese espacio cultural.
Para asegurar el quórum y los votos de las bancadas dialoguistas, el oficialismo debió retirar del paquete original algunas de las reformas propuestas por el Ministerio de Desregulación. De este modo, se excluyó de la derogación a la ley de préstamos del Banco Nación para cooperativas, se mantuvo la vigencia de las credenciales de libre circulación para legisladores nacionales y se preservó el financiamiento público destinado al Círculo de Legisladores de la Nación. Tras la resolución de estas modificaciones internas y la consecuente aprobación en la Cámara Baja, el proyecto fue girado al Senado de la Nación para su tratamiento definitivo, mientras persisten los cuestionamientos opositores sobre el carácter selectivo de la desregulación y la postergación de los debates económicos y sociales en el Congreso.
