Con el programa Volver al Trabajo dado por terminado por el Ministerio de Capital Humano, una medida cautelar judicial obliga a mantener los pagos durante mayo. Pero desde la UTEP y el MTE local advierten que el historial de incumplimientos del Gobierno genera desconfianza, y denuncian que el ajuste golpea directo a quienes sostienen comedores y cooperativas en los barrios.
El cierre del programa Volver al Trabajo sacudió a miles de familias en todo el país, y Tandil no es la excepción. Desde las organizaciones sociales locales, la preocupación es concreta: 900 mil personas dejaron de recibir los $78 mil mensuales que garantizaba el programa, y la promesa de reemplazarlos por vouchers de capacitación laboral no convence a nadie en los barrios.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció que el programa finalizó el 9 de abril de 2026 y que abril fue el último mes de pago. Sin embargo, el 22 de abril la Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar que ordenó restablecer los pagos durante mayo. El Gobierno confirmó que apelará el fallo, y advirtió que mientras deba cumplirlo, suspenderá otros programas, incluidos los propios vouchers de formación y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables.
«Para muchas familias este ingreso es fundamental»
En Tandil, la vocera local de UTEP y MTE, Valeska Galaz, explicó que el beneficio tiene raíz en la Ley 27.345 de Emergencia Social, sancionada en 2016, que establece un ingreso equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil para trabajadores de la economía popular. «Cuando inicia el gobierno de Javier Milei, no solamente el salario queda inmóvil, sino que se desapega de esa referencia y además empiezan los recortes en todo lo que es la economía popular», señaló.
Ese congelamiento tiene un costo concreto: desde diciembre de 2023, el monto acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 67,9% medida contra la inflación del período.
Para Galaz, lo que el Ministerio presenta como una transición hacia la capacitación laboral es en realidad un recorte encubierto. «Lo que presentó el Ministerio es la baja de lo que ellos denominan Volver al Trabajo, que nosotros seguimos insistiendo que es un salario social complementario, con la promesa de cursos de capacitación y vouchers de formación», cuestionó.
El impacto, según remarcó, no es abstracto. «Esto afecta a las compañeras que sostienen comedores en los barrios, que cumplen un rol clave en la contención social en los sectores más vulnerables», afirmó.
La cautelar: una esperanza con asterisco
La medida judicial que obliga al pago en mayo abre un compás de espera, pero desde las organizaciones no bajan la guardia. «El gobierno nacional es conocido por incumplimientos de lo que la Justicia le solicita», advirtió Galaz, quien recordó que el último pago efectivo se realizó en abril y que en los próximos días se definirá si la transferencia de mayo efectivamente se acredita.
Las organizaciones ya venían movilizándose antes de la resolución judicial. En Tandil se realizaron una asamblea y una conferencia de prensa abierta para visibilizar la situación. «Venimos alertando sobre esta situación desde hace tiempo, porque vemos cómo se profundiza la crisis en los barrios», indicó la referente.
«No nos quieran poner pobres contra pobres»
Uno de los puntos que más irritó a las organizaciones fue el argumento oficial de que mantener el pago del salario social complementario implica recortar otros programas, como la doble escolaridad o los vouchers de formación. «Nos quieren poner pobres contra pobres, diciendo que si se paga el salario social complementario se afecta la educación o la formación. Eso no es así», respondió Galaz con firmeza.
La dirigente pidió revisar otras áreas del gasto público antes de ajustar sobre los sectores más vulnerables. «No tenemos que sacar un carnet de pobre para demostrar que la situación es crítica. La crisis es evidente y atraviesa a toda la clase trabajadora», expresó.
Las organizaciones sociales tandilenses se mantienen en estado de alerta y movilización, a la espera de que el Gobierno cumpla con lo que la Justicia ordenó. «Los cambios tienen que venir por otro lado, con una mejor administración de los recursos y sin enfrentar a los sectores más postergados», concluyó Galaz.
