El bloque de Concejales del Frente de Todos presentó el proyecto de ordenanza para la creación de la Comisión para el control, administración y distribución de los fondos provenientes de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, con el objetivo puesto en la coordinación, articulación y acompañamiento en las cuestiones referidas al uso de los fondos en materia de infraestructura. El proyecto busca asegurar la aplicación de los criterios de igualdad, justicia, equilibrio y transparencia en la disposición y utilización de dichos recursos.
Entre los argumentos que forman parte del proyecto, anclados en los objetivos por los que fue creada la Ley 26.075 publicada en enero de 2006, se desprende que el uso del Fondo de Financiamiento Educativo no puede quedar a discreción del gobernante de turno en relación a los criterios crea conveniente, sin ningún consenso, y que el eje debe ser reforzar y complementar los esfuerzos financieros, técnicos y humanos hechos por los gobiernos provinciales y municipales y no su sustitución.
“El ejercicio de la función pública demanda una actuación eficaz e íntegra que se refleje en un buen gobierno y una buena administración, de forma que el bienestar general resulte privilegiado. En función del desarrollo e implementación de esas estrategias es sabido que siempre serán mejores los ámbitos interdisciplinarios, que involucren actores con participación directa en los ámbitos educativos de una comunidad. Eso es profundizar la democracia, con ámbitos plurales y participativos que dan mayor transparencia y mejor eficacia”, aseguró la concejala del Frente de Todos, Guadalupe Garriz.
De acuerdo el proyecto presentado, de aprobarse la nueva ordenanza el Consejo Asesor estará integrado por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de la Jefatura Distrital de Educación; un representante por Bloque político del Consejo Escolar, un representante por bloque partidario que integren la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante, un representante sindical de trabajadores docentes, un representante sindical por auxiliares y administrativos; y un representante de los centros de estudiantes.
“Tengamos en cuenta que para este año estaba estimado un fondo de $312.115.045, y para el año próximo se estima un ingreso de $758.430.000. De ese total, un 40% debe ser destinado a Infraestructura Escolar. Para que no existan sobre estos fondos ninguna cuestión de uso discrecional, necesitamos poder discutir con todas las partes involucradas el destino de los mismos, contemplando las necesidades reales de las instituciones y conforme a los principios de eficacia y transparencia”, expresó Garriz.
Los objetivos del Consejo Asesor
Entre las facultades que tendrá el Consejo será la de convocar a las instituciones que se consideren pertinentes en función del tratamiento de las temáticas, y definir prioridades de inversión que presente el Sistema Educativo en los servicios provinciales y municipales en el Partido de Tandil. Las prioridades definidas tendrán carácter vinculante y obligatorio para el Departamento Ejecutivo respecto de la afectación definitiva de los recursos que el Municipio perciba en materia de infraestructura.
Además, deberá establecer un orden de dichas prioridades garantizando la participación de instituciones y autoridades en la materia. Para ello, deberá considerar el plan de obras realizado anualmente por la UEGD en los casos de los servicios provinciales. También será su función elaborar un informe anual respecto a los objetivos cumplidos en cada ejercicio, estableciendo las urgencias respecto al ejercicio contiguo, y un informe trimestral, donde se evalúe la ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo, pudiendo establecer necesidades y proponer modificaciones respecto a las prioridades establecidas al comienzo del ejercicio.
El Consejo Asesor deberá promover la información en relación a las obras definidas en el marco de la presente ordenanza y difundir las decisiones a la comunidad educativa del Partido de Tandil; elaborar diagnósticos cuantitativos acerca de la situación de infraestructura en la educación en la ciudad; y determinar acciones coordinadas entre el Departamento Ejecutivo y el Departamento Deliberativo para garantizar y gestionar acciones ante los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal.
Por último, también está puesto como objetivo establecer el destino del uso del dinero proveniente del Fondo de Financiamiento Educativo en materia de infraestructura, cumpliendo con los objetivos de la Ley 26076. El Consejo Asesor de Administración y Distribución de los fondos provenientes de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo comenzará a funcionar dentro de los 30 días de promulgada la Ordenanza, y tendrá facultades suficientes para dictar su propio reglamento.
