Durante 2020, el expresidente y Socma sumaron abogados y promovieron querellas para contrarrestar medidas judiciales. Demoras en los expedientes en los que se investiga la relación entre su Gobierno y las empresas de su familia. El factor Arribas, Cristóbal López y el riesgo de la quiebra de Correo. Imputaciones que se frenan en la jerarquía de ministros.
A más de un año de su salida del poder, las causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri y sus exfuncionarios han tenido escasos avances en los tribunales federales de Comodoro Py, con fallos favorables en la Cámara Federal porteña, peritajes demorados que dilatan el avance de algunos expedientes y acusaciones que llegan sólo hasta sus exministros. Aún así, el exmandatario y su familia sumaron abogados, promovieron querellas y monitorean a través de sus letrados los expedientes que consideran más importantes, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes con intervención en las causas, documentos y hombres de su confianza.
A pesar de la feria judicial de enero, uno de los principales frentes que ocupan a los defensores de Macri giran en torno al caso Correo Argentino SA y la posible extensión de la quiebra hacia Socma y Sideco, principales empresas del grupo familiar, y la eventual inhibición y embargos a sus hijos como consecuencia de la quiebra. El caso Correo se divide en distintos fueros: el comercial, el penal y el contencioso administrativo federal.
Sus abogados también siguen especialmente una causa penal de la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños de Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, a partir de 2016. Según la denuncia, la negativa habría dado lugar a las denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. Además, el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, se sumó a la querella iniciada por el exsecretario de Macri Darío Nieto por el secuestro y peritaje del teléfono de éste en la causa por supuesto espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.
Algunos de los hombres que asesoran a Macri denuncian que revivió la alianza entre el kirchnerismo y operadores judiciales de los supuestamente desarticulados servicios de Inteligencia, quebrada a partir de 2013. En la sospecha sobrevuela, aún, la capacidad de influencia de la vieja escudería del exjefe de los espías Jaime Stiuso, en cuyo entorno dicen que está retirado. Aquella supuesta articulación de Stiuso con los tribunales de Comodoro Py dio lugar a un choque frontal en los últimos dos años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los años de Macri en la Casa Rosada, el propio exjefe operativo de la central de Inteligencia declaró en tribunales sobre la exmandataria, el pacto con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El teléfono y Cristóbal López
En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes, explicó una fuente con acceso directo al expediente. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes, y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. La jueza se lo encargó a la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que depende del Poder Judicial.
“El análisis significaba 1.340 días de cruces de llamados y ubicaciones, es decir, casi todo su Gobierno”, dijeron muy cerca del exmandatario a este medio. Eso le permitiría a la jueza acceder a información sensible no sólo para su causa sino para el resto de los expedientes que Macri tiene pendientes, añadió la fuente consultada.
La medida fue apelada por la defensa del expresidente, que encabeza Lanusse, y la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó a Servini circunscribir el entrecruzamiento de llamados. La jueza lo redujo a unos dos años, aspecto también objetado por la defensa de Macri. La Cámara Federal de Casación deberá volver a evaluar la medida, ante un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.
La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su Gobierno orquestaron, a través de una “mesa judicial”, el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.
Ante la consulta de este medio sobre si Macri utilizó como presidente un teléfono encriptado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirigía su amigo Gustavo Arribas, un hombre muy cercano al expresidente respondió: “Tenía el teléfono asignado por la AFI, pero entiendo que nunca lo usó, siempre utiliza la misma línea desde hace años. Varios exfuncionarios tenían esos móviles, pero nunca quisieron usarlos porque provenían de la AFI y no se podía configurar la geolocalización, así que los dejaron guardados en un cajón”.
Correo, el patrimonio y los hijos
En el juzgado federal de Ariel Lijo, Macri tiene una imputación formal realizada en 2017 por el fiscal Juan Pedro Zoni (más tarde desplazado de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal). Zoni había solicitado que se investigara al entonces presidente, algunos de sus funcionarios y los representantes del grupo Macri por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en relación al preacuerdo entre el Ejecutivo de Macri y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de su familia. Con Macri a cargo de la Presidencia, el ministerio de Comunicaciones aceptó en junio de 2016 (con acuerdo de la Justicia comercial) la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada en el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). Así lo establecieron la fiscal Gabriela Boquin —quien logró bloquear el pacto— y su par federal en lo criminal Gerardo Pollicita. Este caso le valió la primera citación a indagatoria de un ministro de Macri, el radical Oscar Aguad, por presunta corrupción. Aguad siempre ha negado la acusación.
A casi cinco años de la apertura del expediente penal, “la investigación aún está bastante lejos de llegar a Macri”, confió una fuente judicial con acceso directo a la causa. Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo fueron indagados en marzo de 2019. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales y para hacerlo aguarda los resultados de un informe contable que ordenó a fines de 2019 (a instancias de la Cámara Federal) para establecer el presunto perjuicio contra el Estado.
El concurso de acreedores de Correo cumplió 19 años el 9 de octubre último. La empresa residual, sin ninguna actividad, atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía. ElDiarioAR corroboró con fuentes del entorno de Macri que los últimos abogados incorporados al caso comercial ya evalúan su estrategia frente a la posible extensión de la quiebra de Correo hacia su principal accionista, Socma, y su anterior principal accionista, Sideco, empresas centrales del grupo Macri. Es un escenario que dan por descontado. Sería el peor panorama para la familia del expresidente y podría significar la eventual inhibición y embargos a sus hijos, quienes son titulares de las acciones que Macri tenía en Socma y de las cuales dijo haberse desprendido al asumir como presidente.
El 22 de octubre, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir un expediente penal contra quienes intervienen en el caso Correo en el fuero comercial. Había sido iniciado por Socma contra la jueza Marta Cirulli; la fiscal Boquin; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus medidas en el expediente. La causa había sido archivada por el juez Sebastián Casanello (a pedido del fiscal Carlos Rivolo) por inexistencia de delito, al considerar que las decisiones tomadas por los cuatro denunciados forman parte de sus funciones en el concurso de acreedores de Correo, según el expediente. La decisión de la Cámara obligó a reabrir la causa, como pretendía Socma. Los letrados también intentaron desplazar a la jueza y, en numerosas oportunidades, a la fiscal del caso, aún sin éxito.
En otro expediente, iniciado por una denuncia del director del Banco Nación Claudio Lozano a la que se sumó la Unidad de Información Financiera por los préstamos otorgados durante la gestión macrista a la agroexportadora Vicentin, el abogado Lanusse logró que la Cámara Federal porteña rechazara una medida cautelar con un pedido de inhibición general de los bienes de Macri. En noviembre de 2019, el Banco Nación prorrogó préstamos a Vicentin por US$100 millones que formaban parte de US$300 millones asignados por la entidad estatal a la firma agroexportadora, una de las principales aportantes a las campañas proselitistas de Macri. Poco después de la última tanda de préstamos, Vicentin entró en cesación de pagos.
No más allá de Dietrich
En algunas causas contra Fernández de Kirchner, la vicepresidenta quedó procesada como responsable política de las decisiones formalizadas por sus exfuncionarios, como en el caso Dólar Futuro, y también por los vínculos directos con algunos de los privados favorecidos por sus hombres en el gabinete. Por ejemplo, en en el juicio oral y público por el caso Vialidad, se la juzga por los 51 contratos adjudicados al empresario Lázaro Báez, entonces socio de los Kirchner.
Sin embargo, esa lógica de algunos jueces y fiscales no se replica en las causas contra miembros del gabinete macrista: las investigaciones, hasta el momento, no alcanzan a tener imputado ni indagado a Macri aunque se cuestione el accionar de ministros y funcionarios de su administración en casos como Parque Eólicos, Paseo del Bajo y Autopistas, en las que se investigan supuestos beneficios millonarios que su gobierno le habría garantizado a empresas de su familia o a un exsocio comercial del holding empresarial.
Además de ser consultado por los casos relacionados con Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano también monitorea la situación del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado por el caso de las Autopistas y la causa del Paseo del Bajo. Dietrich siempre ha negado haber beneficiado a las empresas de la familia de Macri o haber cometido irregularidades en las concesiones, negociaciones y licitaciones.
En diciembre de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagatoria previa a Dietrich y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.
La fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron la decisión de Bonadio y aguardan resolución de la Cámara Federal porteña. Los puntos clave del caso apuntan a la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa y las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso.
El caso Autopistas se centra en la decisión del gobierno de Macri de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas (accesos norte y oeste) con la compañía española Abertis y sus socias, y reconocerles supuestas deudas millonarias del Estado. Al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol (acceso oeste).
El julio último, horas antes de dejar su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó los cuatro procesamientos a la espera de la obtención de prueba documental a la que los imputados no tuvieron acceso durante sus indagatorias. Los cuatro negaron las acusaciones.
Canicoba también buscaba saber qué tan buen negocio hizo Sideco al vender sus acciones tras el aumento de peajes autorizado por el gobierno de Cambiemos; y a qué precio se vendieron las acciones de Sideco en Ausol, según una fuente con acceso directo al expediente.
En la causa por los parque eólicos, Macri tampoco es investigado hasta ahora, afirmó una fuente judicial del caso. Durante 2016, Sideco gestó una estrategia para entrar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil a partir de enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi comenzó una investigación que llega hasta el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en al menos un descargo escrito ante el juez.
El juzgado analiza antecedentes y documentación oficial, y busca determinar si las empresas que manejaba el grupo Macri participaron en igualdad de condiciones que otras compañías, según explicó una fuente judicial del caso.
En el libro Hermano, de Santiago O’Donnell, publicado el año pasado, Mariano Macri, hermano del expresidente, afirmó: “Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, dijo. Tras la publicación del libro, una fuente cercana a la familia lo contradijo y sostuvo: “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregaron.
Espionaje, Arribas y Majdalani
“El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri”, aseguró uno de los investigadores de la causa que tramite en los juzgados federales de Lomas de Zamora, uno de los pocos expedientes que ha traído contratiempos para el expresidente durante 2020. “Pero por el momento, en la causa no hay indicios para llegar a Macri”, dijo una fuente judicial que participa de la investigación.
Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majadalani están procesados en este expediente por los presuntos delitos de violación de la Ley Nacional de Inteligencia y falsedad ideológica por el presunto espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, y por haber supuestamente presentado informes falsos o basados en información falsa ante la Justicia y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso para justificar esos seguimientos.
Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide también pidieron sus procesamientos por el supuesto espionaje ilegal a dirigentes opositores y oficialistas, y por el presunto seguimiento ilegal a exfuncionarios kirchnerista detenidos por causas de corrupción en cárceles federales. Tanto Arribas como Majdalani sostuvieron ante la Justicia que nunca ordenaron tareas de inteligencia ilegal en ningún ámbito.
Entre las tareas de supuesto espionaje ilegal, los fiscales identificaron que la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, el empresario Salvatore Pica, fueron blanco de las vigilancias de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, así como miembros relevantes del PRO aunque no del círculo más íntimo de Macri, como Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
Además, en el juzgado federal de Dolores, Arribas y Majdalani tienen otro procesamiento por supuestas «acciones de inteligencia prohibidas» y «abuso de autoridad» en la provincia de Buenos Aires.
El secretario Nieto
En el mismo expediente de Lomas, los fiscales solicitaron al juez Juan Pablo Auge que dicte la falta de mérito de Nieto. “Por el momento, entendemos que no existen elementos de prueba suficientes como para decretar el procesamiento o sobreseer” al colaborador del expresidente por su supuesta participación en la entrega de informes de inteligencia ilegal a Macri, determinaron los fiscales en su último escrito.
Mientras Lomas avanza sobre la excúpula de la AFI, Macri y su secretario privado son querellantes en los tribunales federales de Retiro por la supuesta adulteración del contenido del celular secuestrado a Nieto en el marco de la causa de supuesto espionaje. “Allí se probó en el peritaje informático sobre ese celular que 48 horas después de su secuestro, realizado en Capital Federal, y mientras estaba bajo custodia de fuerzas federales en dependencias físicas en la Ciudad, fue alterado el contenido creándose un evento en la aplicación WhatsApp”, dijo una de las partes ante la consulta. El “evento” sería un contacto entre el celular de Nieto y el de Majdalani.
Macri también inició una querella por “la extracción de datos (del celular de Nieto que son) ajenos al objeto procesal” de la causa de Lomas, en referencia a menciones al préstamo para la empresa Vicentin, y por la “extracción ilegal de datos personales (de Macri), sensibles y alcanzados por el secreto fiscal”, como información sobre sus tarjetas de crédito y su clave fiscal ante la AFIP. “Macri no está formalmente imputado en Lomas de Zamora y nada justificaba la extracción forense de esa información y su agregado a la causa”, dijo una fuente cercana al exmandatario.
Viejos asuntos
Las complicaciones procesales para Macri quedaron muy atrás en el tiempo, por ahora. Su último procesamiento fue en mayo de 2010, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el entonces juez Norberto Oyarbide lo consideró partícipe de las “escuchas ilegales” a su cuñado Néstor Leonardo, entre otros. Más de cinco años después, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó Macri en el caso, a días del traspaso presidencial, en diciembre de 2015, por considerar que no había pruebas en el expediente para sostener la acusación.
Con anterioridad, Macri había estado procesado por presunto contrabando cuando todavía era presidente de Boca Juniors, en febrero de 2001, por hechos de 1993, cuando ejercía como ejecutivo de Sevel, una empresa de su familia. La acusación del entonces juez Carlos Liporace apuntaba a supuestos delitos en el cobro de reintegros por exportaciones de vehículos. La Corte Suprema modelada por Carlos Menem lo absolvió más tarde.
Nota de ElDiarioAR
