En una sesión especial, la Cámara baja debate los proyectos de legalización del aborto y del «Plan de los 1000 días». La votación podría ser recién el viernes mientras manifestantes rodean las inmediaciones del palacio legislativo.
La Cámara de Diputados protagoniza un debate histórico ya que trata en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del «Plan de los 1000 días» que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida, mientras manifestantes de los sectores «verde» y «celeste» se manifiestan en las inmediaciones del Congreso.
La sesión se inició con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota.
Al comenzar el plenario, los diputados aceptaron la renuncia de la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá y se tomó juramento a su reemplazo, el dirigente Juan Carlos Giordano, por el acuerdo de rotar en la banca dispuesto por ese espacio político.
Antes de abrir el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sostuvo que «no hay diputados antiderechos» y pidió «no perder de vista ni el respeto ni la capacidad de escuchar a los otros».
Tras la votación del proyecto sobre el aborto, se efectuará el tratamiento del «Plan de los 1000 días», que se calcula que se prolongará cuatro o cinco horas, según informaron fuentes parlamentarias.
La sesión
Los presidentes de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau; de Salud, Pablo Yedlin; de Legislación Penal, Carolina Gaillard y de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, destacaron la importancia de que el Congreso apruebe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y coincidieron que se trata de «una deuda histórica».
Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».
Moreau afirmó que ambas iniciativas «profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive».
«Este debate ha sido puesto sobre la mesa por miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afueras del Congreso. Es un problema de salud pública estructural que existe en nuestro país», aseveró la diputada, quien concluyó su discurso con la frase: «Que sea ley».
En tanto, Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) sostuvo que el proyecto «no va contra de las creencias de nadie» y recordó que «hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad».
Yedlin destacó que con esta ley se busca «que haya menos abortos, es justamente lo contrario que se nos dice» y dijo que se trata de «herramientas que tiene el Estado que llega con distinta intensidad a los rincones de la patria», a la vez que afirmó que el aborto «necesita salir de la clandestinidad para salvar miles de mujeres».
Para Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos), se trata de «un día histórico para las mujeres de nuestro país», y consideró que «no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública».
Afirmó que el proyecto busca «que la mujer no sólo no tenga pena sino que además pueda decidir y que esa decisión esté acompañada por profesionales de la salud y busca un Estado presente» y pidió «jugársela» por la sanción de este proyecto «y no ser tibios» con este tema.
A su turno, Macha sostuvo que «despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento» y puso de relieve que se trata de «una de las leyes más importantes que necesitamos desde el regreso de la democracia».
«Es un quiebre de espacio a un nuevo acontecer», aseveró Macha, al sostener que se trata de «soberanía sanitaria» y que se trata de «un paso clave para la multiplicidad de identidades y cuerpos», al sostener que «también abortan las lesbianas y trans».
El proyecto
El dictamen de mayoría emitido por un plenario de comisiones establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.
En torno a ello se establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.
Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que «la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales».
