La oposición en la Legislatura bonaerense amenaza con bloquearle a Axel Kicillof el paquete de emergencias que el Ejecutivo giró hoy al Senado.
«Así como está no se vota», dicen algunos senadores que responden a María Eugenia Vidal. «Esto es demasiado ambicioso como para votarlo de un día para el otro», dicen otros.
El gobierno giró esta tarde al Senado un un proyecto integral que declara la emergencia social, económica, productiva y energética en la provincia. Y se ratifican las emergencias vigentes: seguridad, infraestructura y administrativa.
El vidalismo asegura tener motivos para plantarse. Argumenta que, por fuera de las emergencias, el proyecto delega al Gobernador demasiadas facultades extraordinarias.
Como sea, el peronismo -con aliados- pareciera tener los votos en Diputados. En tanto, la oposición controla el Senado y es allí donde puede frenar el paquete de emergencias.
El artículo 1 del proyecto encendió algunas luces amarillas en la oposición. Allí consta que la emergencia no solo quedará afectado el Ejecutivo, sino también los poderes Legislativo y Judicial de la provincia.
Asimismo, el régimen establecido en la presente Ley regirá para aquellos entes en los que el Estado provincial se encuentre asociado con uno o varios municipios.
Según trascendió, Juntos por el Cambio buscará negociar desarmar el paquete de proyectos y avanzar en discusiones por distintos canales. La negociación que arranca mañana con el paso de ministros de Kicillof por la Legislatura será un desafío para el bloque de Vidal, que deberá demostrar unidad.
Por su parte, Kicillof buscará tratar el paquete de emergencias como un marco normativo único, con vigencia por dos años con posibilidad de una única prórroga por dos años más si el Ejecutivo lo requiere.
Pero el proyecto tiene otros puntos que a la oposición le interesa discutir. Y negociar. Por caso, se autoriza al Ejecutivo a renegociar o rescindir contratos de obra pública.
Y además se le otorgan facultadas especiales al Gobernador para negociar la deuda de la provincia.
A eso se le suma la implementación -a través de la agencia de recaudación- de un régimen de regulación de deudas para Pymes por obligaciones fiscales vencidas.
También se faculta al Gobernador a disponer la suspensión a partir del primer día de 2020 de los aumentos tarifarios en materia de servicios públicos de transporte distribución de energía eléctrica.
Durante 180 días el Ejecutivo queda facultado para iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y proceder al análisis de los cuadros tarifarios, incluyendo costos, gastos e inversiones.
Pero, además, Kicillof quedará facultado para un revisar el marco regulatorio en materia de distribución eléctrica y las actuales concesiones con las empresas.
Fuente: La Política Online
