El Grupo Macri recibió un revés por parte de la Sala B de la Cámara Comercial, que rechazó el recurso extraordinario del holding de la familia del presidente para llegar a la Corte Suprema con el pedido de apartar a la fiscal Gabriela Boquín en el expediente que sigue el llamado a concurso de acreedores del Correo Argentino. La ofensiva contra la fiscal por parte de los Macri busca evitar que se profundice la investigación sobre un posible vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, firmas emblema del armado empresario de la familia presidencial.
El reclamo hecho por el abogado de los Macri en el Correo Argentino, Jaime Kleidermacher, fue rechazado por las juezas Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes avalaron el pedido de Boquín para que se investiguen los libres contables de Sideco y Socma, con el objetivo de dilucidar si existió una maniobra de vaciamiento en la previa del acuerdo que la Casa Rosada intentó cerrar por la deuda histórica del holding de la familia presidencial con el Estado, por los años en los que manejó la privatización del Correo.
“La Sra. Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”, sostuvieron las magistradas de la Cámara Comercial al rechazar el recurso, según reveló El Destape. Por lo que la familia Macri tendrá como último recurso ir en queja ante el máximo tribunal. Entre recursos judiciales y prórrogas, el Grupo Macri ya logró demorar más de un año la negociación de un nuevo acuerdo para saldar su deuda de 4000 millones de pesos.
El acuerdo había llegado a mediados de 2016, cuando el creado y luego extinto Ministerio de Comunicaciones, entonces a cargo de Oscar Aguad, aprobó un acuerdo de pago que reducía el pago a poco más del 1 por ciento del total, en un plan de pagos hasta 2033. Fue en febrero del año pasado que Boquín denunció el acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”, y se iniciaron la catarata de recursos y demoras, junto a los intentos de apartar a la fiscal, a la que desde la Casa Rosada pretendieron acusar con ser parte de Justicia Legítima.
Los argumentos de la familia Macri se repitieron en el recurso extraordinario rechazado señalando que Boquín no tiene facultades para investigar los libros contables de las empresas relacionadas al holding y restará ver si la Corte acepta tomar un posible reclamo en queja. Mientras tanto, la familia presidencial sí consiguió, a principios de abril, relevar al fiscal Juan Pedro Zoni de la causa paralela en la que se investigaba si hubo fraude en el concurso, tal como denunció Boquín.
En ese expediente, Zoni imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones, al asistencia legal y hasta la jueza del concurso, Marta Cirulli, que habilitó retiros de dinero. Pero Zoni fue desplazado de la causa por el procurador general Eduardo Casa, quien quedó interinamente al frente del Ministerio Público Fiscal luego de que el Gobierno lograra la renuncia de Alejandra Gils Carbó. En lugar de Zoni fue colocado en su lugar al fiscal Gerardo Pollicita, un fanático de Boca con decisiones en línea con los deseos presidenciales.
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