La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinará a los familiares de las víctimas de la masacre de Pergamino en la causa que investiga las siete muertes. Además, solicitó una audiencia urgente con la Gobernadora para exigir, entre otras medidas, la clausura inmediata de todos los calabozos de las comisarías bonaerenses. Asimismo, reclamó a los legisladores medidas urgentes para reorientar la política criminal superando las fórmulas de mano dura cuya ineficacia en materia de seguridad está a la vista. Les solicitó la creación de una comisión investigadora independiente que ayude a esclarecer el hecho y la designación de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura. Al mismo tiempo, junto con otros organismos de derechos humanos, pidió a la Suprema Corte de Justicia que tome medidas urgentes, y denunció el caso ante la CIDH.
La Comisión Provincial por la Memoria estuvo el viernes en Pergamino asistiendo a los familiares de la masacre de la Comisaría 1ª, donde fallecieron siete jóvenes, y asumió el patrocinio legal de sus familiares, quienes se presentarán como particulares damnificados en la causa que investiga la muerte. La causa se encuentra en trámite en la fiscalía a cargo del Dr Nelson Mastorchio. La CPM se reunió en vari
as oportunidades con él para seguir la causa y garantizar el apartamiento de la policía de la investigación, tal como ordena la resolución 1390 de la Procuración General de la Provincia.
La intervención del organismo busca garantizar una investigación independiente que llegue a la verdad y al castigo de los responsables, y asistir a los familiares para que tengan pleno acceso a la justicia.
Al mismo tiempo, la CPM envió una carta a la Gobernadora pidiéndole una pronta audiencia y reclamando medidas urgentes. En primer lugar, se le solicita la clausura de todos los calabozos de las comisarías ya que ninguno está en condiciones de alojar personas. En la nota enviada la CPM solicita “la inmediata reorientación de la política criminal, de seguridad, penitenciaria y de niñez, pensadas desde una perspectiva integral y de derechos humanos. “La persecución estatal -sostiene el organismo- debe dirigirse hacia los circuitos que organizan el delito complejo. Para esto es imprescindible y urgente democratizar y profesionalizar la policía bonaerense, el servicio penitenciario bonaerense y las cárceles para jóvenes. Las políticas de seguridad deben orientarse a la prevención del delito, terminando con la corrupción estructural y las prácticas sistemáticas y generalizadas de violaciones a los derechos humanos: torturas y malos tratos, hostigamiento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, armado de causas, entre otras”. La CPM insiste en que el aumento de las tasas de prisionización no bajan el delito sino todo lo contrario: para ello son necesarias políticas integrales y de prevención.
En este mismo sentido, a través de una nota enviada a los diputados y senadores de la Provincia, la CPM instó al poder legislativo a “adoptar medidas urgentes a fin de promover políticas criminales que bajen los índices de prisionizacion”. Además, solicitó la creación de una comisión bicameral para investigar “a los funcionarios intervinientes” en la masacre de Pergamino, como así también “el accionar de los funcionarios responsables del ministerio de Seguridad que toman las decisiones de la política pública”.
Para interpelar al Poder Judicial, cuyo accionar es constitutivo de la crisis actual, la CPM presentó además un escrito ante a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, solicitando su urgente intervención para resolver la crisis actual. El escrito fue acompañado por organismos de derechos humanos: Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación Pensamiento Penal, Proyecto Inocencia, Centro de Estudios en Política Criminal, Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y Asociación Camino al Siglo XXII, entre otros.
Además, la CPM denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde en 2015 había solicitado una medida cautelar de carácter urgente advirtiendo el serio riesgo de vida que corrían las personas alojadas en comisarías.
Por último, la CPM reiteró una vez más la necesidad imperiosa de ser designada como mecanismo local o provincial de prevención de la tortura, a fin de garantizar el monitoreo riguroso y constante de los lugares de encierro, contribuyendo a modificar esta realidad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.
