La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el veto del Poder Ejecutivo de las leyes que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación diferentes inmuebles en los cuales actualmente funcionan asociaciones civiles sin fines de lucro y cooperativas de trabajo.
El organismo considera que los Decretos Nº 39/17, 40/17, 41/17, 42/17 y 43/17 afectan infundadamente derechos de raigambre constitucional de los habitantes de la Provincia nucleados en las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. El Defensor, Guido Lorenzino, hizo hincapié en la función social de la propiedad, tal como lo destaca el Pacto de San José de Costa Rica y su antecedente en la constitución argentina de 1949.
Uno de los puntos que la Defensoría considera que genera mayor incertidumbre, es que la decisión del ejecutivo podría afectar las fuentes laborales de los trabajadores cooperativistas y las actividades que allí se realizan.
Además, le recomienda al gobierno provincial que se evalúen los vetos que se formulen a los proyectos de ley remitidos por la Legislatura en el marco de su razonabilidad, teniendo en consideración las previsiones de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), relativas al interés social de la propiedad.