Se presentó una denuncia penal ante la Patrulla Rural tras registrarse, desde el pasado miércoles 24 de junio, una alarmante ola de envenenamientos que provocó la muerte de al menos dos perros y un gato en la localidad rural de Azucena (Tandil), debido al presunto uso ilegal de un potente plaguicida que encendió las alarmas de los vecinos por el grave riesgo sanitario que representa para toda la comunidad y los chicos de la escuela local. La presentación judicial busca identificar al responsable de arrojar estas sustancias tóxicas tanto en la vía pública como en patios privados, en medio de un fuerte rechazo vecinal por la falta de respuestas de las autoridades locales de Bromatología.
El terror entre los frentistas de la tranquila localidad serrana estalló en la vivienda de Romina Ibaecta, una de las vecinas damnificadas. Su perra mestiza salió un rato al exterior de la propiedad y volvió manifestando temblores y una debilidad extrema; en cuestión de minutos, sufrió convulsiones letales y murió expulsando una secreción espumosa blanca por el hocico. Al día siguiente, la pesadilla continuó cuando otros dos perros de la familia se soltaron de sus collares en medio de la desesperación: uno apareció muerto en la vereda con los mismos síntomas y el otro, una perra galga, fue vista desorientada cerca de la plaza del pueblo y la escuela, y ahora permanece desaparecida.
Un químico letal cerca de la escuela
La bronca y el miedo de los vecinos no es solo por la dolorosa pérdida de sus compañeros de cuatro patas, sino por el peligro latente que corre la población humana de Azucena. Los síntomas detectados tras las consultas veterinarias particulares son totalmente compatibles con el «Potosí», un plaguicida extremadamente fuerte cuyo uso está prohibido en áreas urbanas. Para colmo, un gato apareció muerto bajo las mismas condiciones dentro de otra propiedad, lo que hace sospechar que el asesino tiró el veneno directamente adentro de las casas o que hay focos de infección desparramados por el casco urbano.
La comunidad educativa del colegio local también se mantiene en vilo. Una de las perras afectadas fue vista merodeando el área de la cocina de la escuela el viernes por la mañana antes de perderse su rastro. Los residuos de este agrotóxico en el suelo representan una amenaza directa para las decenas de chicos y trabajadores rurales que circulan por ahí todos los días, por lo que los vecinos exigieron tareas urgentes de limpieza y desinfección.
Ante la urgencia, los damnificados fueron a la Dirección de Bromatología de Tandil a pedir una intervención de oficio, pero se llevaron una respuesta insólita: les dijeron que, como no había una persona mordida ni pruebas certificadas de maltrato animal en el momento, no podían actuar sin una orden judicial o policial previa.
La falta de castraciones en el ojo de la tormenta
Para el sector proteccionista, estos ataques brutales exponen un problema de fondo mucho más pesado: el abandono municipal en los parajes rurales del partido. El denunciante alarmó que Bromatología hace meses que no lleva los operativos de castración gratuita a las afueras de Tandil. Esta ausencia del Estado genera una sobrepoblación de animales sueltos que muchas veces termina decantando en conflictos vecinales o en intentos de exterminio privado mediante métodos prohibidos por la Ley 14.346 de crueldad animal.
Por lo pronto, la causa ya quedó radicada en la Fiscalía de turno y se esperan los resultados de las pericias sobre los cuerpos de las mascotas para identificar científicamente la sustancia utilizada. Mientras la Patrulla Rural camina el pueblo recolectando testimonios para dar con el culpable, en Azucena se vive un clima de total recelo: los vecinos guardaron a sus animales adentro y miran con desconfianza cada rincón público, exigiendo que el Municipio no se limite a labrar actas administrativas y actúe antes de tener que lamentar una tragedia humana.
