A partir de este miércoles 1 de julio de 2026, la empresa privada Rutas Sur Atlántico SA asumió formalmente la explotación, administración y mantenimiento de la Ruta Nacional 226 en el tramo que conecta a Tandil con el resto de la región, luego de que el Gobierno nacional oficializara la firma de los contratos de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. La medida desplaza por completo a la firma estatal Corredores Viales SA e inaugura un esquema de privatización total en una de las arterias más críticas para la conectividad vial, el transporte de cargas agropecuarias, la actividad productiva y el turismo de la ciudad serrana.
El cambio de manos marca el inicio de una nueva era para los usuarios tandilenses que transitan diariamente la traza, en medio de un proceso de reformas que ya venía generando fuerte repercusión en la zona por el impacto en los puestos de trabajo de las estaciones de peaje locales.
Inversión privada y fin de los subsidios del Estado
La adjudicación a la nueva concesionaria privada forma parte de un megaplán que abarca un corredor de 1.325 kilómetros, denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que además de la Ruta 226 incluye a las rutas nacionales 3 y 205, y a las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Desde Vialidad Nacional salieron a defender con fuerza el nuevo formato y destacaron los siguientes puntos sobre cómo va a funcionar el sistema:
-Riesgo empresario: el modelo se apoya en una inversión 100% privada. Esto significa que las empresas ganadoras deben financiar las obras de infraestructura y las tareas de bacheo y repavimentación con sus propios recursos y lo recaudado en las cabinas.
-Corte de chorro estatal: el Gobierno nacional aseguró que este esquema viene a reemplazar los contratos anteriores que «requerían aportes y subsidios millonarios del Estado Nacional para poder funcionar».
-Rol de control: Vialidad Nacional dejará de gestionar las rutas y pasará a cumplir un rol estrictamente de auditor, supervisando que se cumplan los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas por contrato.
Guerra política por la exclusión de Aubasa
Como era de esperarse, el traspaso de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires no estuvo exento de polémica y reavivó la grieta entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof.
La empresa estatal bonaerense Aubasa (que actualmente maneja la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor Atlántico hacia la costa) se había presentado a la licitación con la intención de quedarse con la administración de estos caminos. Sin embargo, el Ministerio de Economía de la Nación le bajó el pulgar y recomendó rechazar su oferta argumentando que la firma provincial «no cumplía con los requisitos técnicos establecidos» en los pliegos.
La respuesta de La Plata no tardó en llegar. El Ministerio de Infraestructura bonaerense impugnó formalmente la decisión y denunció públicamente que la gestión de Javier Milei «modificó las condiciones de la licitación sobre la marcha» con el único objetivo de dejar afuera a la Provincia y entregarle un negocio estratégico en bandeja a los operadores privados. A pesar del pataleo y el reclamo administrativo de Kicillof, la Nación desestimó la queja y avanzó con la firma definitiva de los contratos.
A partir de hoy, el destino y el estado de la Ruta 226 —el cordón umbilical que une a Tandil con Balcarce, Mar del Plata y el interior bonaerense— ya corre por cuenta y orden de una empresa privada.
