El acceso a la atención psicológica a través de coberturas médicas atraviesa un escenario crítico en la región. De acuerdo con un relevamiento del Distrito VIII del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, la combinación de honorarios depreciados, demoras crónicas en los pagos y un fuerte incremento en la demanda asistencial ha provocado un progresivo retiro de profesionales de las cartillas de prepagas y obras sociales.
La magnitud del éxodo de profesionales queda expuesta en una estadística contundente aportada por la institución: hace cinco años eran 15 las obras sociales distritales que mantenían convenios vigentes en la región, mientras que en la actualidad esa cifra se redujo a tan solo tres.
La licenciada Laura Beatriz Milocco, integrante del Consejo Directivo del Colegio y coordinadora de la Comisión de Obras Sociales del Distrito VIII, describió un panorama de extrema complejidad al asegurar que el sector se encuentra totalmente en crisis debido a que muchas obras sociales no cumplen con las tratativas y los acuerdos pautados.
El trasfondo del conflicto se fundamenta en variables administrativas y económicas estructurales que afectan directamente a los trabajadores independientes. Por un lado, las entidades financiadoras efectivizan los pagos a 60, 90 y hasta 120 días posteriores a la prestación de cada mes, un esquema que resulta insostenible frente a los gastos fijos corrientes que deben afrontar los psicólogos, tales como el alquiler de los consultorios, la luz, la matrícula y la caja previsional. Por el otro, los honorarios ofrecidos se encuentran muy desfasados del «mínimo ético» regulado por el Colegio a través de la Unidad Psicológica, cuyo piso por consulta asciende hoy a 27.900 pesos y se revisa de manera trimestral. Ante la masiva baja de prestadores, la institución incluso flexibilizó el sistema permitiendo inscripciones mensuales durante todo el año, pero la medida no logró revertir la tendencia y los profesionales siguen sin sumarse a las cartillas.
Esta problemática afecta de manera transversal a los 929 profesionales matriculados en actividad dentro del Distrito VIII, el cual tiene cabecera en Azul y abarca a municipios como Olavarría, Bolívar, Rauch y Las Flores, registrando su mayor concentración en Tandil, donde ejercen 394 psicólogos. A pesar de ser la ciudad con mayor densidad de profesionales de la región, los afiliados tandilenses enfrentan severas dificultades para encontrar turnos o profesionales disponibles dentro de sus coberturas.
La situación es especialmente alarmante en los convenios administrados a nivel provincial, afectando severamente a IOMA, la obra social con mayor cantidad de afiliados en sectores clave como educación, salud y fuerzas de seguridad. El desgranamiento de la cartilla en este sector es casi total, al punto de que en todo el Distrito VIII quedan apenas 17 prestadores de IOMA, de los cuales solo 15 facturan efectivamente, mientras que en Tandil son escasos seis los profesionales que atienden bajo dicha cobertura. Desde el Colegio calificaron este escenario como gravísimo debido a que se reciben pedidos desesperados de asistencia, particularmente por situaciones complejas de salud mental dentro de las fuerzas de seguridad, para los cuales el sistema privado ya no encuentra respuestas ni cupos disponibles.
Como contrapartida al vaciamiento de las cartillas médicas, la demanda general de psicoterapia continúa en franco ascenso en el interior de los hogares. Los representantes de la institución señalaron que la actual crisis económica impacta de forma directa en la estructura familiar, obligando a los adultos a salir a trabajar más horas y propiciando situaciones de separación o fragmentación vincular que repercuten con fuerza en las infancias y adolescencias. Estas problemáticas complejas se trasladan luego a los ámbitos escolares, donde los docentes detectan a diario la necesidad urgente de contención profesional para niños y jóvenes que quedan desamparados ante la falta de cobertura.
