La obra social de los jubilados atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. A nivel nacional, el PAMI enfrenta conflictos simultáneos vinculados al financiamiento de medicamentos, reclamos de prestadores y modificaciones en las condiciones de contratación de los profesionales de la salud. El escenario genera preocupación tanto por la continuidad de la atención médica como por el acceso de millones de afiliados a tratamientos y medicamentos esenciales.
En ese contexto, Tandil no permanece ajena a la problemática. Mientras las farmacias locales siguen con preocupación la decisión del Ministerio de Economía de cancelar parte de las deudas mediante Letras del Tesoro, los médicos de cabecera denuncian recortes de hasta el 66% en sus ingresos, cuestionan la designación de la nueva conducción local y anticipan posibles medidas de fuerza a partir de julio. La combinación de estos factores amenaza con profundizar las dificultades de atención para los jubilados y pensionados de la ciudad.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se encuentra así en el ojo de la tormenta debido a un doble conflicto que amenaza con resentir la atención médica y la provisión de medicamentos. El descontento, que combina tensiones financieras y cambios unilaterales en los contratos de los profesionales, anticipa un mes de julio complejo tanto en Tandil como en el resto del país.
Letras del Tesoro: el pago que preocupa a las farmacias
Las farmacias de todo el país fueron notificadas sobre una medida económica de fuerte impacto sobre su liquidez y cadena de pagos corriente. Según lo establecido oficialmente en la Resolución Conjunta 26/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, el PAMI cancelará parte de la deuda acumulada con sus prestadores a través de Letras del Tesoro Nacional.
La compensación se realizará con títulos públicos que poseen vencimientos programados para el 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de este año. En este sentido, la utilización de estos instrumentos financieros generó inmediatos interrogantes en las farmacias prestadoras, que deben afrontar gastos corrientes de corto plazo, tales como salarios, mantenimiento y el pago a las droguerías distribuidoras.
La principal preocupación radica en que las Letras del Tesoro no constituyen dinero de disponibilidad inmediata. Se trata de títulos públicos con fecha de vencimiento futura que las farmacias podrán conservar hasta su cobro o intentar vender anticipadamente en el mercado financiero, generalmente con una pérdida de valor. Para un sector que debe afrontar pagos cotidianos a droguerías, salarios, alquileres e impuestos, la medida genera incertidumbre sobre la capacidad de sostener el flujo normal de abastecimiento y funcionamiento.
Con el objetivo de analizar el alcance operativo y financiero de la medida dispuesta por el Gobierno nacional, el sector farmacéutico convocó a una asamblea clave para el próximo 19 de junio.
Recortes de haberes y duras críticas a la nueva conducción local
En paralelo al frente financiero de los medicamentos, la atención primaria de la obra social se encuentra en un punto de inflexión. En Tandil, la delegación local del gremio Appamia (Asociación de Profesionales de la Salud del PAMI) advirtió que la situación es «extrema» y que alrededor de seis médicos locales formalizarán su desvinculación definitiva a partir del 1 de julio.
De acuerdo con lo detallado por el doctor Pablo Gorini, delegado de Appamia, el conflicto se originó en marzo cuando el PAMI renovó de forma unilateral y automática los contratos de todos los profesionales del país. Pocos días después, las autoridades modificaron las cláusulas de liquidación de haberes, lo que implicó una pérdida de entre el 50% y el 66% de los ingresos de los médicos.
A este malestar económico se sumó el descontento por la designación de María José Terreros como nueva titular de la oficina local de PAMI, quien aguarda una licencia en IOMA para asumir el cargo. El doctor Gorini cuestionó con dureza este nombramiento, manifestando que no se puede creer que la delegada de IOMA ahora desembarque en PAMI. El referente gremial criticó la «experiencia con pobreza» de la funcionaria elegida y remarcó que sus antecedentes al frente de la obra social bonaerense solo le aportan práctica en «manejarse con pocos recursos y muchas quejas». Además, advirtió que la falta de un jefe efectivo en la delegación local ralentiza todos los trámites, ya que los pedidos de Tandil deben derivarse a la cabecera de Mar del Plata.
La cápita de la polémica: el nuevo esquema eliminó el cobro de las consultas anuales de revisión detallada, los pagos por capacitaciones obligatorias y el límite regulado de 12 consultas anuales por afiliado. En su lugar, el organismo fijó el pago de una cápita única de $2.100 mensuales por paciente, un monto que Gorini calificó como «menos que un alfajor de mediana calidad», sin importar la cantidad de veces que el jubilado deba asistir al consultorio en el mes.
Incumplimientos y la amenaza de una medida de fuerza mayor
Tras el paro de 72 horas llevado a cabo en el mes de abril, las autoridades de PAMI se habían comprometido a elevar el valor de la cápita a $2.400 para mayo. Sin embargo, los profesionales denunciaron que la promesa fue incumplida y la facturación se mantuvo congelada en los $2.100 originales. Como consecuencia de este desfasaje, muchos médicos aseguran que el ingreso ya no llega a cubrir los gastos de infraestructura básica de sus consultorios, tales como servicios de secretaría, internet, telefonía, tinta y papel.
A nivel nacional ya se registraron cerca de 2.000 renuncias de profesionales, dejando a unos 14.000 afiliados sin médico de cabecera asignado. Frente a las promesas rotas y la falta de respuestas en las últimas mesas técnicas, los profesionales agremiados evalúan convocar en las próximas horas a una medida de fuerza por tiempo prolongado, superior a la realizada en abril. De concretarse, se suspenderá la atención en el sector privado y toda la demanda de consultas y emergencias de los jubilados será derivada de manera directa a los efectores del sistema de salud pública.
