La aprobación en Diputados del proyecto que habilita la quita del beneficio de Zona Fría para distintos distritos del país sigue encendiendo el debate en Tandil, donde miles de familias podrían enfrentar un fuerte aumento en sus facturas de gas justo cuando comienza el invierno. Mientras crece la preocupación entre vecinos, instituciones y referentes políticos locales, la discusión ya dejó de ser exclusivamente técnica para transformarse en algo profundamente político: quién debe absorber el costo de garantizar un servicio esencial y qué mirada sobre las condiciones de vida reales subyace detrás de una medida que amenaza con encarecer el acceso a la calefacción en una ciudad donde el frío no es una excepción, sino parte de la vida cotidiana.
En ese marco, uno de los cruces más fuertes se dio entre el gobierno bonaerense y la administración nacional. Desde la Provincia cuestionaron con dureza la narrativa oficial que busca justificar la quita del subsidio bajo el argumento de que hogares de mayores ingresos en ciudades como Tandil estarían siendo subsidiados por sectores vulnerables del conurbano bonaerense. La frase, instalada públicamente por el gobierno Nacional bajo el ejemplo de que “una jubilada de La Matanza termina subsidiando el gas de familias de mayores ingresos en Tandil”, fue leída por distintos sectores como un intento de simplificar y enfrentar realidades sociales complejas para legitimar un nuevo recorte.
La discusión también tuvo su correlato en el plano local: salvo los referentes de La Libertad Avanza, prácticamente todo el arco político expresó su rechazo y preocupación por el impacto que la medida tendría sobre miles de hogares, clubes, comercios y espacios comunitarios que dependen del gas para sostener su funcionamiento cotidiano durante los meses más fríos del año.
Pero fue justamente desde el espacio libertario local desde donde surgió una de las intervenciones más comentadas de la última semana. La circulación en redes sociales de un fragmento de la exposición del concejal Martiniano Corbetta, durante el debate por el pedido impulsado por el resto de los bloques para solicitar formalmente a Nación que Tandil no sea excluida del régimen de Zona Fría, desató una ola de cuestionamientos.
Más allá de las reiteradas muletillas —“digamos”, “o sea”— que usuarios señalaron como una evidente reproducción del estilo discursivo de Javier Milei, lo que más llamó la atención fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el edil. Entre ellos, sostuvo que el consumo de gas en Argentina es similar al de los países nórdicos y recomendó a la población “no comprar tantos electrodomésticos”, además de sugerir que una forma de reducir el impacto sería “abrigarse más” y mantener mejor cerrados los hogares.
Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Vecinos y vecinas cuestionaron en redes sociales el desconocimiento que estas afirmaciones evidencian respecto de las condiciones reales de vida en la ciudad. Muchos señalaron que comparar el consumo energético argentino con el de países nórdicos sin considerar la calidad constructiva de las viviendas, la eficiencia energética de los sistemas de calefacción o las diferencias estructurales en infraestructura es, cuanto menos, una simplificación inoportuna. Otros remarcaron una confusión básica entre electrodomésticos y artefactos esenciales como cocinas, calefactores o calefones. “Con más abrigo y cerrando bien la casa no se puede cocinar ni calentar el agua para bañarse”, resumieron algunos comentarios.
Más allá de la polémica puntual, los intercambios dejaron expuesta una tensión más profunda: qué nivel de conocimiento de la realidad de los vecinos y vecinas tienen quienes deben representar y defender los intereses de la comunidad frente a medidas que impactan directamente sobre la vida cotidiana de miles de tandilenses.
La eventual salida de Tandil del régimen de Zona Fría no implica solo un aumento en una factura. Puede significar, para muchas familias, tener que elegir entre calefaccionarse o resignar otros gastos esenciales. Puede significar un golpe más para clubes de barrio, centros comunitarios y pequeños comercios que ya atraviesan un contexto económico complejo. Y puede significar, también, una nueva señal de desconexión entre ciertas decisiones políticas y la experiencia concreta de quienes viven el invierno como una preocupación cotidiana.
En una ciudad donde el frío obliga a encender el calefactor durante buena parte del año, la discusión sobre Zona Fría no debería reducirse a una planilla de subsidios. Lo que está en juego, en definitiva, es algo mucho más básico: si calefaccionarse seguirá siendo un derecho posible o empezará a convertirse, también, en un privilegio.
