La organización Tandil Convivencia en Diversidad (CED) ha iniciado una campaña masiva de recolección de firmas con el objetivo de exigir el cumplimiento efectivo de la Ordenanza N° 15.637, la cual establece que al menos el 1% de la planta de personal del Estado municipal debe estar integrado por personas trans, travestis o transgénero. Durante la reciente Marcha Federal Universitaria, la entidad logró reunir un centenar de adhesiones que formarán parte de un petitorio formal que será presentado ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo el próximo 26 de junio. Según el diagnóstico de la organización, la brecha entre la normativa y la realidad es alarmante: mientras que desde 2017 se registraron aproximadamente 1.500 ingresos en la administración pública local, solo una persona logró incorporarse a través de la vía del cupo laboral.
Gustavo Pernicone, coordinador de CED, explicó que el reclamo no busca un ingreso automático basado únicamente en la identidad de género, sino garantizar la igualdad de oportunidades para quienes reúnen las condiciones de idoneidad. En este sentido, destacó el avance educativo del colectivo en la última década, señalando que hoy el 90 por ciento de la comunidad trans local tiene el secundario completo y ya existen profesionales egresadas de diversas facultades de la UNICEN. Este crecimiento en la formación académica derriba los antiguos argumentos sobre la falta de perfiles capacitados, dejando en evidencia una falta de voluntad política para aplicar la política de inclusión laboral de manera sistemática en áreas como la Municipalidad, la Usina u Obras Sanitarias.
La preocupación de la organización se extiende también al incumplimiento de otras normativas vigentes, como la Semana de Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que este año no contó con las actividades de difusión obligatorias por parte del Estado. Asimismo, alertaron sobre la precariedad de las políticas de prevención de salud, denunciando una falta crítica de materiales básicos como preservativos para las campañas de testeo rápido de VIH. Según Pernicone, la combinación entre la escasez de recursos preventivos y el retroceso en la implementación de la Educación Sexual Integral genera un escenario sanitario preocupante para los jóvenes de la ciudad.
Ante este panorama, el CED ha dispuesto diversas formas de participación ciudadana que incluyen desde la firma de planillas hasta la grabación de videos de apoyo para visibilizar el reclamo. Tras la presentación del petitorio en junio, la organización otorgará un plazo reglamentario de 90 días para obtener una respuesta oficial. De no mediar soluciones concretas, han advertido que avanzarán por la vía judicial junto a la Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros en Argentina (ATTTA), interponiendo un recurso legal por el incumplimiento de la ordenanza y de los deberes de funcionario público.
