Apenas 24 horas después de que cientos de miles de personas se movilizaran en todo el país —incluyendo la masiva columna de antorchas en Tandil—, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó la postura intransigente del Poder Ejecutivo. El funcionario minimizó el impacto de la protesta y lanzó una frase que recalentó el conflicto: «Podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al día siguiente la restricción presupuestaria sigue estando ahí».
Para el Gobierno, la Ley de Financiamiento Universitario carece de validez fáctica. Según Álvarez, la normativa «nació muerta» porque viola los principios de ejecución presupuestaria al no especificar la fuente de financiamiento para los 1,9 billones de pesos que demanda. «Toda ley que se vote y no indique de dónde salen los fondos queda suspendida en el mismo acto de su promulgación», explicó el funcionario, reforzando la idea de que el equilibrio fiscal es innegociable.
Críticas a los rectores y «parásitos» extranjeros
Álvarez no ahorró descalificaciones para las autoridades académicas que encabezaron el reclamo. Apuntó directamente contra Anselmo Torres (vicepresidente del CIN), a quien calificó de «político profesional» por sus vínculos con el kirchnerismo. Según el subsecretario, el sistema universitario ha «desvirtuado su sentido» y hoy parece funcionar más para «pagar salarios a estructuras políticas» que para generar graduados.
Esta postura del funcionario ha despertado interrogantes urgentes sobre la responsabilidad del Estado: ¿se puede ignorar que la educación no es un gasto, sino un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades? ¿Cómo pretende el Gobierno proyectar un país con futuro si asfixia el financiamiento de las instituciones que forman a sus profesionales y científicos? ¿Es posible hablar de restricción cuando lo que está en juego es el desmantelamiento de un pilar de la soberanía nacional?
En la misma línea, el funcionario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los estudiantes extranjeros, a quienes diferenció de los inmigrantes que vienen a «habitar» el suelo argentino. «Vienen a estudiar y luego se van; la Constitución dice que vengan a habitar, no a parasitar», disparó, señalando que las universidades ya están autorizadas a cobrarles aranceles pero eligen no hacerlo.
El conflicto se muda a la Corte Suprema
A pesar de la retórica oficial, la batalla legal ha escalado hasta la última instancia. Tras los fallos judiciales que ordenaron al Gobierno cumplir con la ley, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir si obliga al Ejecutivo a transferir los fondos o si respalda la suspensión de la ley por falta de financiamiento.
Mientras el Gobierno insiste en que las elecciones de 2023 le dieron legitimidad para aplicar el ajuste, la comunidad universitaria —que en Tandil volvió a demostrar una masividad histórica— confía en que el clamor de las plazas influya en la decisión del máximo tribunal para salvar un sistema que consideran al borde del colapso.
