La tregua judicial sobre el endeudamiento del 2018 se terminó. El fiscal general José Agüero Iturbe solicitó formalmente ante la Cámara Federal porteña que se reabra la investigación por el préstamo de 57.100 millones de dólares contraído durante la gestión de Mauricio Macri. La movida busca anular el archivo del expediente que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti hace apenas unas semanas.
Los nombres en la mira
El dictamen no solo apunta al expresidente Macri, sino que impacta de lleno en el corazón del actual esquema económico de Javier Milei. Entre los imputados figuran:
Luis Caputo: actual Ministro de Economía.
Federico Sturzenegger: actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Nicolás Dujovne (ex Hacienda) y Marcos Peña (ex Jefe de Gabinete).
La fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes de una «plataforma criminal» vinculada a irregularidades en el trámite administrativo del crédito y al posterior destino de las divisas, bajo las figuras de abuso de autoridad y administración fraudulenta.
¿Decisión política o delito?
La discusión de fondo es la que divide a Comodoro Py. Para la jueza Capuchetti, el acuerdo con el FMI fue una «decisión política no judicializable» y no encontró pruebas de un propósito deliberado de defraudar al Estado. Sin embargo, el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, apeló argumentando que la investigación está tan avanzada que ya debería citarse a indagatoria a los exfuncionarios.
Ahora, la pelota quedó en el campo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Ellos deberán decidir si confirman el cierre de la causa o si le dan luz verde a la fiscalía para avanzar en una de las investigaciones más calientes de la política argentina, justo en un momento donde el país vuelve a negociar metas y desembolsos con el organismo internacional.
