La disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno de Javier Milei no resolvió los problemas de atención médica para los militares y sus familias. A varios meses del anuncio de la nueva obra social, denominada OSFA, afiliados y mandos militares denuncian que en muchas provincias directamente no existe cobertura.
Según relataron fuentes militares, la situación es particularmente grave en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca y Tucumán, donde miles de afiliados se encuentran sin acceso a prestaciones médicas. “La novedad es que no hay novedad. Seguimos sin ningún tipo de cobertura”, aseguró un militar de alto rango que sigue de cerca el conflicto.
Uno de los casos más críticos se registra en Mar del Plata. Allí, el Hospital Privado de la Comunidad dejó de atender a los afiliados debido a deudas impagas. Según denuncian los propios militares, cerca de 20.000 afiliados en la ciudad y su zona de influencia llevan casi tres meses sin cobertura.
“Pagamos todos los meses la cuota y tenemos cero cobertura. Desde una consulta médica hasta una cirugía hay que pagarla de nuestro bolsillo”, sostuvo un afiliado radicado en esa ciudad.
Malestar dentro de las Fuerzas Armadas
La crisis sanitaria se suma a un creciente malestar interno dentro de las Fuerzas Armadas tras la llegada al Ministerio de Defensa del general Carlos Presti. Desde la Fuerza Aérea Argentina cuestionan que la conducción del área se haya “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales vinculados al Ejército Argentino en puestos clave del ministerio y en organismos dependientes.
Las críticas también alcanzan a la futura conducción de la nueva obra social. La proyectada OSFA sería administrada por el coronel retirado Ariel Guzmán junto a otros oficiales del Ejército, lo que alimenta tensiones entre las distintas fuerzas.
Según fuentes castrenses, la escasez de recursos disponibles se estaría destinando principalmente a prestadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el interior del país la cobertura es prácticamente inexistente.
Ante la falta de respuestas, en las Fuerzas Armadas crece la posibilidad de que los afiliados comiencen a judicializar masivamente sus reclamos para obtener cobertura médica mediante medidas cautelares.
“Todo el mundo está empezando a judicializar, sobre todo los que tienen problemas graves. Esto es una bola de nieve generada por una pésima gestión”, afirmó un oficial de alto rango.
Una crisis arrastrada desde la gestión anterior
El deterioro financiero de la obra social se profundizó durante la gestión del exministro de Defensa Luis Petri. Según distintos informes, durante ese período se solicitó un préstamo de $40.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera con el objetivo de fortalecer el sistema, aunque los fondos terminaron utilizándose para pagar deudas operativas.
De acuerdo con datos publicados por el periodista Alberto Valdez, el pasivo del organismo pasó de $70.000 millones a $141.000 millones entre marzo y diciembre de 2024 y llegó a $210.000 millones a mediados de 2025.
La situación también generó un fuerte cruce político. La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente a Petri y lo responsabilizó por el deterioro del sistema. “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”, afirmó.
Mientras tanto, la nueva estructura que debería reemplazar al IOSFA aún no se implementó plenamente y miles de afiliados continúan atravesando una situación de incertidumbre respecto de su cobertura médica.
