La prolongada crisis de Garbarino llegó a su punto final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la empresa y ordenó avanzar con la liquidación de sus bienes luego de que fracasaran los intentos por rescatar la compañía o encontrar un comprador.
La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro, quien consideró que ya no existen condiciones para continuar con el proceso concursal iniciado en noviembre de 2021. De esta manera, se cierra formalmente la etapa de una firma que durante décadas fue una de las principales cadenas de venta de electrodomésticos y productos electrónicos del país.
En su resolución, el magistrado dispuso avanzar con la liquidación final tras comprobar que el proceso de salvataje no logró acuerdos con acreedores ni atraer inversores interesados en quedarse con la compañía. Además, determinó mantener la inhibición general de bienes, lo que habilita a la sindicatura a identificar activos que podrán ser vendidos en el marco del proceso.
Medidas judiciales y restricciones
El fallo también ordenó una serie de medidas vinculadas a la quiebra, entre ellas el cierre de las cuentas bancarias de la empresa, la inhabilitación de la explotación comercial y la prohibición para que los directivos salgan del país sin autorización judicial.
En paralelo, se abrió una etapa de detección de bienes que podrían ser liquidados, aunque no se descarta que durante el proceso aparezcan interesados en adquirir parte de los activos o incluso la marca.
De líder del mercado a una estructura mínima
Fundada en 1951 por los hermanos Daniel Garbarino y Omar Garbarino, la empresa llegó a convertirse en la mayor cadena de venta de electrodomésticos de la Argentina. En su etapa de mayor expansión contaba con más de 200 sucursales y alrededor de 4.500 empleados en todo el país.
Sin embargo, tras años de dificultades financieras, su estructura se redujo drásticamente. Al momento de la quiebra solo permanecían abiertos tres locales: uno sobre avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; otro en la calle Uruguay, frente a Tribunales; y un outlet en Almagro.
La compañía contaba apenas con unos 20 trabajadores y en los últimos días había comenzado a liquidar el stock disponible.
Ventas mínimas y mercadería obsoleta
Los informes presentados ante la Justicia reflejan la magnitud del deterioro. Según el último reporte de la sindicatura, en enero las ventas alcanzaron apenas $1.769.581,45, una cifra mínima para una firma que supo liderar el mercado.
El inventario incluía 1.597 unidades, aunque gran parte de esa mercadería era considerada obsoleta o deteriorada, con escaso valor comercial debido a su antigüedad.
Intentos fallidos de rescate
Durante los últimos años se realizaron distintos intentos para evitar la quiebra mediante la incorporación de nuevos inversores. Entre los interesados apareció el fondo Inverlat, propietario de la marca Havanna, aunque las negociaciones finalmente no prosperaron.
En agosto del año pasado, la Justicia activó el mecanismo conocido como cramdown, que permite a terceros presentar propuestas para quedarse con la empresa y negociar con los acreedores. El tribunal otorgó cinco días para encontrar un comprador, pero el proceso tampoco tuvo resultados.
La única firma que se registró fue Vlinder, aunque nunca llegó a presentar una propuesta formal de reestructuración.
Un grupo empresario también en crisis
El deterioro se extendió a otras compañías vinculadas al grupo. En julio del año pasado, la Justicia también decretó la quiebra de Garbarino Viajes, la unidad turística adquirida en 2020 por el empresario Carlos Rosales junto con otros activos.
Ese mismo año Rosales había tomado control de la cadena, además de la financiera Fiden y de las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego. Actualmente esas instalaciones se encuentran paralizadas y también forman parte de los bienes que podrían ser liquidados.
Reclamos de acreedores
La etapa final del expediente se centrará ahora en determinar el pasivo definitivo de la empresa. El juzgado estableció que los acreedores tendrán tiempo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos en el proceso de verificación de créditos.
Entre los acreedores figuran bancos, proveedores comerciales y exempleados, que deberán formalizar sus planteos antes de que avance la liquidación de los activos de la histórica cadena.
