El presidente Javier Milei fue denunciado ante la justicia federal por los delitos de coacción, incitación a la violencia, injurias y violación a la Ley Antidiscriminatoria por el violento discurso que dio durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Según se informó, la denuncia se basa en las expresiones vertidas por el mandatario el pasado 1° de marzo en la asamblea legislativa donde dirigió agravios y descalificaciones contra los legisladores y sectores políticos y sociales de la oposición.
El denunciante fue el exdiputado nacional y actual diputado provincial en Mendoza José Luis Ramón, con el patrocinio del abogado Jorge Agustín Vicchi, y quedó radicada en Juzgado Federal N°1 de Mendoza.
«Los dichos del Presidente no forman parte del debate democrático, sino que constituyen amenazas, incitación a la violencia y ataques al honor de representantes elegidos por el voto popular y de todo aquel que piense distinto», manifestó Ramón.
Además, sostuvo que el hecho de que estas expresiones provengan del máximo mandatario de la Nación agrava la situación, ya que quien ejerce la Presidencia tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el respeto institucional y la convivencia democrática.
“El Presidente no puede utilizar su investidura para amedrentar ni estigmatizar a quienes piensan distinto. Cuando desde el Poder Ejecutivo se naturaliza la agresión, se vulnera el orden constitucional y se debilita la democracia”, expresó el legislador provincial.
En la denuncia se argumentó: “este ataque frontal a los Legisladores de la oposición política configura prima facie, los delitos mencionados en el objeto de esta querella y configura también los tipos penales exigidos por el Código Penal, a saber: el delito de coacción se configura cuando se utilizan amenazas para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
“Respecto al delito de Incitación a la Violencia, el mismo también se considera un acto de instigación a delinquir o delito de odio, que busca promover actos agresivos contra personas, grupos o instituciones. Implica convencer, inducir o promover públicamente la comisión de actos violentos. Basta con que el mensaje tenga la capacidad o el potencial de generar un riesgo real de violencia o discriminación”, consideró. (Data Clave)
