En el sector privado, la irregularidad en los pagos llegó al 5,54 por ciento y entre las familias trepó a 9,34 por ciento.
La morosidad del crédito al sector privado volvió a subir en diciembre y alcanzó el 5,54%, con un incremento de 0,32 puntos respecto al mes anterior. Entre las familias, el nivel de irregularidad trepó al 9,34% (+0,52 puntos), mientras que en el segmento empresarial llegó al 2,54%, muy por encima del 0,69% registrado en octubre de 2024.
Las mayores dificultades de pago se concentran en los préstamos personales y las tarjetas de crédito. En el primer caso, la morosidad alcanzó el 11,89%, el valor más alto desde que se publica la serie hace quince años. En tarjetas, el incumplimiento escaló al 8,55%, cuando en octubre de 2024 era apenas del 1,57%.
Fuera del sistema bancario la situación es aún más delicada: en entidades no financieras, la cartera irregular de familias promedia el 24,6%, frente al 7,7% de diciembre del año anterior.
Pese a la baja de tasas que siguió al proceso electoral, la mora no logró estabilizarse y continúa en ascenso. En el último trimestre de 2025, los cargos por incobrabilidad de los bancos sumaron 950.000 millones de pesos, un aumento interanual del 250%. A la vez, el ratio de previsiones —el “colchón” que las entidades mantienen para cubrir pérdidas— cayó al 94% en diciembre, por debajo del 100% por primera vez desde la pandemia, reflejando que las reservas ya no alcanzan para cubrir el deterioro de la cartera.
En los últimos 20 años, las previsiones sobre cartera irregular promediaban el 129%, e incluso en octubre de 2024 habían alcanzado el 172%, en un contexto de mora históricamente baja. La suba acelerada del incumplimiento, especialmente desde la flexibilización cambiaria de abril, erosionó ese margen.
El problema se agrava por el nivel de tasas. Las familias enfrentan costos superiores al 75% anual, lo que implica intereses por encima del 6% mensual. Aun cuando se produjera una baja hacia niveles del 50% anual, el alivio sería limitado frente a la pérdida sostenida de poder adquisitivo.
El impacto ya se refleja en los balances bancarios: entre julio y diciembre de 2024 el resultado operativo fue de 3,4 billones de pesos, mientras que en el mismo período de 2025 apenas alcanzó los 0,12 billones. En este escenario, varias entidades comenzaron a vender carteras irregulares para recuperar parte de lo ya provisionado.
Analistas coinciden en que el problema dejó de ser exclusivamente financiero y pasó a ser estructural. Con salarios que no logran recomponerse frente a la inflación, la capacidad de pago de las familias se deteriora y limita cualquier efecto positivo que pudiera tener una eventual baja de tasas.
