El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el desguace operativo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A través de la Resolución 213/2025, publicada el 30 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, el organismo dispuso el cese progresivo de los servicios metrológicos legales y de certificaciones vinculadas a instrumentos de medición reglamentados, una de las funciones históricas y más relevantes del instituto.
La medida implica que el INTI dejará de intervenir en controles obligatorios para actividades comerciales, industriales, de servicios públicos y de fiscalización, y que esas tareas pasarán a manos de laboratorios y organismos de certificación privados acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). En los hechos, el instituto abandona el corazón de su actividad regulada y pierde casi todo lo que generaba ingresos propios.
El texto oficial argumentó que supuestamente existían demoras en los trámites de aprobación de modelo, que las verificaciones eran “primitivas” y que se superponían con las funciones de entidades privadas. Bajo ese argumento, el Consejo Directivo del INTI justificó el corrimiento del organismo dentro del Sistema Nacional de Aplicación de la Ley 19.511, que regula el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).
El respaldo normativo de la decisión incluye la Ley 19.511, el Decreto 960/2017, que habilitó la delegación de funciones en entidades acreditadas, y la Resolución 276/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que amplió formalmente la participación del OAA y de certificadores privados. Según la resolución, hoy existe “una oferta suficiente” de prestadores acreditados para cubrir todo el territorio nacional.
Con este cambio, el INTI pasa a concentrarse en tareas de metrología científica e industrial, desarrollo tecnológico, innovación y elaboración de patrones y muestras testigo, dejando de operar directamente en servicios regulados que el mercado privado ya puede cubrir bajo esquemas de acreditación.
El recorte alcanza a una extensa lista de instrumentos. Entre ellos figuran balanzas no automáticas, sistemas de pesaje vehicular en movimiento, medidores de agua potable, medidores de energía eléctrica, surtidores de combustibles, termómetros clínicos, etilómetros, cinemómetros, taxímetros, pesas patrón y medidas de capacidad, entre otros equipos de uso obligatorio en múltiples sectores.
El cronograma de salida será escalonado. En el AMBA, el cese efectivo comenzará el 31 de enero de 2026. En una amplia lista de provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Misiones, Salta y Tucumán, se aplicará desde el 30 de abril de 2026. En Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el retiro del INTI se completará el 30 de junio de 2026.
La norma aclara que los convenios, órdenes de trabajo y certificaciones en curso seguirán vigentes hasta su finalización, para evitar un corte abrupto de servicios durante la transición. También se ordenó a la Dirección Técnica de Metrología Legal y al Organismo de Certificación del INTI elaborar un plan de cierre operativo que incluya resguardo documental, inventario de equipos y comunicación a usuarios y organismos de control.
El impacto atraviesa de lleno al comercio, la industria, los servicios públicos, el transporte, la energía, el agua potable y los sistemas de control de tránsito. A partir del nuevo esquema, importadores, fabricantes y prestadores deberán gestionar sus verificaciones y certificaciones exclusivamente con entidades privadas acreditadas ante el OAA.
Desde el punto de vista económico, el argumento oficial apunta a reducir costos y tiempos administrativos y a eliminar cuellos de botella que, según el propio INTI, terminaban perjudicando a los consumidores. La competencia entre prestadores privados aparece como el eje del nuevo modelo de control metrológico.
Sin embargo, el recorte no se limita a las funciones. También se eliminó el cargo del gerente responsable de calibraciones y calidad, el área que concentraba casi toda la facturación del organismo. Sin esos servicios regulados y sin su estructura histórica, el INTI queda reconfigurado como un actor técnico sin peso operativo, en un escenario que lo deja peligrosamente cerca del cierre. (DATA CLAVE)
