El 14 de agosto de 2025, el Ministerio de Justicia adjudicó un contrato de $648.779.200 a la firma Sudameria Incoming Solutions SRL para la compra de pasajes nacionales, internacionales, terrestres y asistencia al viajero. La decisión sorprendió porque la otra oferente, ITS International Travel Services SA, había presentado una propuesta casi $34 millones más barata, pero no fue seleccionada.
La licitación se llevó adelante bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con vigencia inicial de 12 meses prorrogables hasta 2026. Este esquema permite contratar un paquete de servicios con un tope máximo de gasto, lo que da margen para extenderlo sin abrir un nuevo proceso. Sin embargo, especialistas advierten que la falta de límites estrictos puede derivar en ampliaciones poco transparentes del presupuesto.
El dictamen de evaluación, fechado el 6 de agosto, le otorgó 90 puntos a Sudameria y 80 a ITS, inclinando la balanza a favor de la primera. La justificación se basó en criterios técnicos, aunque no hubo impugnaciones. Lo que sí quedó en evidencia es la ausencia de un precio testigo, algo que incluso la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) subrayó en la Nota NO-2025-80761008, advirtiendo que sin ese parámetro es difícil determinar si el monto adjudicado resulta competitivo frente al mercado.
En el detalle de gastos, se aprobaron $255 millones para vuelos de cabotaje, $250 millones para internacionales, $30 millones para pasajes de ómnibus y trenes, y $34,5 millones en asistencia al viajero. A eso se suman las comisiones fijas (“fees”), que generan las mayores sospechas:
600 pasajes nacionales con una comisión total de $45.738.000 (unos $76.230 cada trámite).
200 vuelos internacionales con $18.295.200 en comisiones ($91.476 por pasaje).
300 pasajes de trenes y ómnibus con $7.623.000 ($25.410 cada uno).
200 trámites de asistencia al viajero con $7.623.000 ($38.115 por gestión).
Es decir, además del costo de los boletos y seguros, el Estado debe pagar sumas adicionales por cada emisión, modificación o anulación. “La documentación no aclara con precisión qué fees se incluyen ni cómo impactan en el costo final”, remarcan voces que siguieron el expediente.
El pliego también obligó a la empresa ganadora a entregar un software integral de reservas de alcance global, con capacidad para emitir pasajes “offline”, gestionar reservas de transporte terrestre, asistencia médica extendida en el exterior, repatriación sanitaria, compensación por pérdidas de equipaje, informes periódicos y atención 24/7, incluyendo un ejecutivo de cuenta exclusivo para la cartera.
El contrato, firmado por la administración de Cúneo Libarona, impactará en las partidas de 2025 y 2026, comprometiendo recursos del próximo ejercicio. La decisión se suma a otros cuestionamientos que atraviesa el ministro, como las demoras en la implementación del sistema acusatorio federal y sus defensas a los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema.
Más que una compra rutinaria, el expediente dejó planteadas dudas que ya circulan en el ámbito político y judicial: la falta de un precio testigo, las comisiones millonarias y la posibilidad de sobrecostos hacen que el contrato requiera una auditoría exhaustiva para conocer en detalle cuánto gasta el Estado cada vez que uno de sus funcionarios viaja.
Fuente: Data Clave
