Motosierra a la salud: Milei eliminó el Instituto Nacional del Cáncer y el de las Enfermedades Cardiovasculares

El Gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC), en el marco de una reestructuración del sistema de salud público nacional.

La medida, oficializada a través de un decreto, lo realiza a horas del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. La explicación oficial de estos cierres es la búsqueda de eficiencia administrativa, aunque las medidas impactan directamente sobre dos de las principales causas de muerte en el país.

El Instituto Nacional del Cáncer, que hasta ahora funcionaba como un organismo con identidad institucional propia, pasará a operar como una unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud.

La medida viene acompañada por la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo descentralizado que unificará la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Cada uno de estos hospitales mantendrá su Dirección Ejecutiva Médica, pero pasará a depender funcionalmente de la ANES, que estará a cargo de Diego Masaragian, actual director de Hospitales en el Ministerio.

El paquete de reformas también incluye la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical, cuyas funciones se integran al Instituto Malbrán, y la eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales.

Además, el decreto deroga la posibilidad de crear nuevos hospitales SAMIC, aunque los existentes, como el Garrahan, El Cruce, Favaloro y el de Cuenca Alta, mantendrán su estatus jurídico actual, con participación compartida entre Nación y provincias.

Desde la administración libertaria señalaron que esto se enmarca en el Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales y remarcan que los recursos del Estado “son limitados” y que el gasto en salud “debe responder a criterios de eficacia”.

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