Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quedó en el centro de dos denuncias judiciales: una por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada con su patrimonio y movimientos financieros, y otra por supuestas maniobras de estafa, apropiación de terrenos y falsificación de documentación. Esta última, presentada por Héctor Daniel De Olivera, incluye un predio de 300 lotes frente al cerro Centinela, en Tandil, y señala que las operaciones cuestionadas podrían alcanzar a más de 20.000 terrenos en distintos municipios bonaerenses.
Una denuncia que incluye terrenos en Tandil
De Olivera acusa a Pareja y a otros dirigentes y colaboradores vinculados con La Libertad Avanza de haber participado en operaciones inmobiliarias sobre propiedades que, según afirma, están bajo su titularidad. La presentación menciona presuntas maniobras en Tandil, Florencio Varela, San Vicente y Magdalena.
En el caso de Tandil, el denunciante sostiene que uno de los predios involucrados comprende unos 300 lotes ubicados frente al cerro Centinela, cuyo valor estima en aproximadamente 30 millones de dólares. De acuerdo con su versión, esas tierras habrían sido objeto de negociaciones y operaciones sin su consentimiento.
El alcance de la acusación es amplio: De Olivera afirma que las maniobras habrían afectado más de 20.000 lotes distribuidos en distintos distritos de la provincia. Se trata de hechos denunciados cuya veracidad deberá ser investigada judicialmente.
Las presentaciones en la Justicia
Según la información aportada por el denunciante, una de las presentaciones fue radicada el 26 de diciembre de 2024 ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Quilmes, encabezada por el fiscal general Marcelo Dragui. Otra quedó vinculada al expediente 5452/2024 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo.
La denuncia apunta a presuntas maniobras de estafa, apropiación de terrenos y falsificación de documentación. También alcanza a otras personas que, según De Olivera, habrían intervenido en las operaciones inmobiliarias cuestionadas.
Por el momento, las acusaciones deberán ser investigadas en el ámbito judicial y no constituyen hechos probados.
