La obra social de las Fuerzas Armadas cerrará sus puertas a nivel local el 30 de noviembre por decisión del Gobierno nacional. Mientras el gremio ATE exige retrotraer la medida por su impacto en la salud comunitaria, el Ejecutivo municipal y concejales libertarios comprometieron gestiones para intentar frenar el desmantelamiento de la delegación.
El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo de la sede Tandil del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), previsto para el próximo 30 de noviembre. La medida se materializó este último fin de semana con la desvinculación de siete trabajadores, lo que generó la rápida movilización de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y encendió alarmas por el impacto sanitario que tendrá la decisión: más de 6.200 afiliados de la ciudad y la región se quedarán sin atención presencial.
La oficina local, hasta hoy, funciona como un punto ineludible para gestionar autorizaciones urgentes, entrega de medicamentos, prestaciones y tratamientos médicos. El fin de esta boca de atención obliga a las familias vinculadas a las fuerzas a depender de canales centralizados o virtuales, un escenario que, según denuncian, podría traducirse en severas dificultades de acceso a la salud.
«No estamos hablando solamente de siete puestos de trabajo, que por supuesto vamos a defender. Estamos hablando de una decisión política que deja a miles de personas sin una referencia cercana para resolver cuestiones vinculadas con su salud», señaló Hernán Gasparini, secretario general de ATE Seccional Tandil-Benito Juárez. En ese sentido, advirtió que cuando el Estado se retira del territorio, «las consecuencias las pagan los trabajadores y toda la comunidad».
El reclamo laboral se entrelaza directamente con la demanda social. Rubén Chia, delegado de ATE en el IOSFA Tandil, ilustró el rol clave de la sede en el día a día de los afiliados: «Conocemos de primera mano sus necesidades. Todos los días atendemos situaciones que requieren respuestas muchas veces urgentes. Cerrar esta sede significa trasladar esas dificultades a miles de familias».
El impacto en la política local
Frente a un conflicto que excede lo meramente laboral, el tema escaló rápidamente a la agenda política de la ciudad y forzó a los distintos niveles del Estado a tomar postura.
En un movimiento estratégico, los representantes gremiales llevaron su reclamo al Concejo Deliberante, donde fueron recibidos por el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA). Al ser los referentes locales del signo político que tomó la decisión a nivel nacional, los ediles libertarios quedaron bajo la presión de arbitrar los medios necesarios para intentar revertir los despidos y el cierre de la oficina.
En paralelo, el Ejecutivo municipal debió involucrarse. Guillermina Cadona, en representación del gobierno local, adelantó el compromiso del intendente Miguel Lunghi de intervenir de manera directa ante las autoridades nacionales para canalizar institucionalmente la preocupación de la ciudad.
Mientras el cronograma avanza hacia el 30 de noviembre, el clima es de total incertidumbre. Los próximos días serán determinantes para evaluar si la presión cruzada —impulsada por el gremio, sostenida por el Ejecutivo local y delegada a los concejales oficialistas a nivel nacional— logra abrir una instancia de negociación en Buenos Aires o si, por el contrario, Tandil pierde definitivamente otra ventanilla de atención estatal clave para su comunidad.
