El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT), Roberto Martínez Lastra, recibió una tercera denuncia judicial. La presentación fue realizada el 15 de octubre por otra empleada municipal, quien relató presuntas situaciones de acoso sexual y maltrato verbal durante el período en que trabajó en la sede gremial. La denuncia quedó caratulada como “exhibiciones obscenas”. Según trascendió, la mujer describió hechos que habría atravesado en el ámbito laboral y que ahora deberán ser investigados por la Justicia.
La nueva presentación se suma a otras dos denuncias contra el dirigente sindical: la primera, radicada el 23 de septiembre por presuntos hechos de acoso y abuso sexual, y una segunda vinculada con amenazas. En paralelo, la Fiscalía General resolvió que la investigación iniciada el 23 de septiembre continúe a cargo del fiscal Damián Borean, luego de una controversia sobre qué unidad debía intervenir.
La investigación quedó a cargo de la UFI 12
Una de las novedades relevantes del caso es la definición de la fiscalía que continuará con la investigación iniciada tras la primera denuncia. La causa había quedado sin una definición sobre qué unidad debía intervenir, a partir de una controversia entre la UFI 12, a cargo de Damián Borean, y la UFI 24.
La discusión fue elevada a la Fiscalía General, que resolvió que las actuaciones continúen en la UFI 12. De esta manera, Borean seguirá al frente de la investigación por los presuntos hechos denunciados el 23 de septiembre.
En ese expediente, el Juzgado de Garantías N.º 1 había dispuesto una prohibición de acercamiento de Martínez Lastra hacia la denunciante por 90 días, con un radio de 300 metros, además de una medida de protección para la trabajadora.
Investigación judicial y sumario administrativo
En paralelo a las actuaciones penales, el Municipio de Tandil dispuso la apertura de un sumario administrativo para investigar las presuntas inconductas atribuidas a Martínez Lastra en su condición de agente municipal. La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 3057/2026.
Las denuncias continúan bajo investigación y será la Justicia la que determine las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.
