La comunidad de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), junto con los gremios docente y nodocente, convocó a la quinta Marcha Universitaria, que se realizará este jueves 15 de octubre a las 17 en Tandil, con concentración en Rodríguez y Garibaldi. El reclamo se centra en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el presupuesto nacional que se comienza a tratar en el Congreso, en un contexto en el que, según plantean desde la universidad, los recursos previstos no alcanzan para sostener salarios, funcionamiento, becas e investigación.
Recorrido y sedes
La columna saldrá de Rodríguez y Garibaldi, avanzará por Rodríguez hasta Belgrano y terminará frente al Rectorado de la Unicen, donde se leerá un documento unificado. De manera simultánea habrá movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén, además de las convocatorias en distintas ciudades del país. Los organizadores invitaron a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y vecinos a participar de manera pacífica. Desde ATE, que acompaña la convocatoria, se propuso además un paro para esa jornada.
Los números en discusión
Uno de los ejes del reclamo es la brecha entre los fondos previstos y los que consideran necesarios. Desde el gremio nodocente explicaron que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó 11 billones de pesos para el próximo ejercicio, aplicando el IPC al presupuesto de 2023, mientras que el proyecto oficial prevé unos 7,2 billones. De esa suma, casi un billón quedaría en manos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias para acciones propias, de modo que alrededor de 6 billones se repartirían entre todas las universidades.
Desde la conducción universitaria sostienen que un presupuesto por debajo de las necesidades del sistema compromete las actividades académicas, la investigación científica, la producción tecnológica y las condiciones de trabajo. Señalan además un atraso salarial superior al 30%, un estrangulamiento del funcionamiento cotidiano, de las becas estudiantiles y de la ciencia y la tecnología. Desde el ámbito científico, ATE y Conicet advirtieron que los investigadores acumulan una pérdida salarial del 47,5% en los últimos tres años y que hay proyectos paralizados. La universidad agregó que viene haciendo ajustes internos para sostener su funcionamiento, pero que esa estrategia tiene un límite.
El reclamo por el cumplimiento de la ley
El otro eje es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Unicen plantean que ya se recorrieron la vía parlamentaria y la judicial, con fallos favorables tanto en la medida cautelar como en el amparo, pero que la norma sigue sin aplicarse. Sostienen que, tras la insistencia del Congreso que revirtió el veto presidencial, la ley no tiene otro camino que ser cumplida, y reclaman que se incorpore al tratamiento del Presupuesto Nacional.
Para dar contexto, el 6 de octubre un juez federal declaró inconstitucional el decreto que había suspendido la aplicación de la ley y ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla. En el expediente, la representación del Estado había defendido la validez del decreto y planteado que la implementación plena de la ley compromete la sostenibilidad fiscal.
Un reclamo que busca ampliarse
Los gremios remarcaron que el conflicto excede a la comunidad universitaria y llamaron a articular el reclamo con otros sectores, como jubilados y trabajadores de la salud, la producción y los servicios. Desde la universidad, además, plantean que la defensa de la universidad pública involucra a toda la sociedad por su rol en la formación profesional, la producción de conocimiento y la inclusión social.
La marcha será, así, una instancia de presión pública en la que la comunidad académica buscará trasladar a la calle una discusión que se define también en el Congreso: cuánto se destina a las universidades, si alcanza para su funcionamiento y qué lugar ocupará la educación superior pública en las prioridades presupuestarias.
