Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentaron en conferencia de prensa lo que definieron como una nueva prueba que, según sostienen, contradice uno de los fundamentos centrales de la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. Durante el encuentro, la defensa explicó el contenido de la documentación, cuestionó la interpretación utilizada en la sentencia y adelantó los próximos pasos de su estrategia judicial, entre ellos una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El origen de la nueva información
Según explicó la defensa, la documentación está vinculada al destino de los fondos de un fideicomiso entre 2009 y 2015, y surgió a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa Cuadernos. A partir de ese testimonio, los abogados sostuvieron haber podido reconstruir cómo se distribuyeron esos recursos durante el período investigado, un punto que consideran central porque permitiría discutir uno de los fundamentos de la condena original, según la cual Fernández de Kirchner fue hallada responsable de la mala utilización de esos fondos a partir del decreto 54/2009, que en la sentencia se interpretó como una medida que había beneficiado principalmente al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez.
Los números presentados por la defensa
De acuerdo con el análisis difundido por los abogados, durante el período estudiado se distribuyeron más de 2.000 millones de dólares provenientes del fideicomiso, de los cuales menos del 1% habría correspondido al Grupo Austral. Según un estudio que la defensa encargó a un grupo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda, ese porcentaje sería del 0,85%, equivalente a unos 18 millones de dólares, frente a otra empresa mencionada durante la conferencia que, según ese mismo informe, habría recibido cerca del 16% de los fondos, unos 360 millones de dólares. El mismo informe indicó que las obras vinculadas a la causa Vialidad representaron el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, con un registro del 0% desde 2012 en adelante.
Para la defensa, estos datos contradicen la interpretación sostenida durante el juicio, en el que se había rechazado una pericia contable que los abogados habían intentado incorporar para determinar cómo se distribuyeron los fondos del fideicomiso en aquel momento. Los letrados calificaron la sentencia como injusta y sostuvieron que la imputación original habría sido incorrecta, al tiempo que cuestionaron la interpretación que se hizo del decreto 54/2009, al que describieron como una norma de alcance general y no como una medida diseñada para beneficiar a una empresa en particular.
Los próximos pasos de la defensa
Con esta nueva documentación, los abogados definieron una estrategia con distintos frentes. En primer lugar, buscarán una revisión de la condena ante la Justicia argentina, a través de mecanismos previstos en los códigos procesales que la defensa evalúa utilizar, entre ellos un eventual pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia. En paralelo, presentarán la nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde ya existe un reclamo previo de la defensa contra distintos aspectos de la condena, incluida la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; según indicaron, esperan que el organismo pueda analizar el caso en octubre. Uno de los abogados resumió además una tercera vía, vinculada a la discusión pública y política en torno al caso.
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y confirmada posteriormente por las instancias superiores, se encuentra firme. La nueva prueba presentada por la defensa deberá ser evaluada tanto por la Justicia argentina como por el organismo internacional al que la defensa planea recurrir, sin que hasta el momento exista una definición sobre su eventual impacto en el proceso judicial.
