El exlegislador Gabriel Solano presentó una denuncia contra Mercado Libre por considerar que la empresa aplica tasas de interés usurarias a través de Mercado Pago, que según su planteo llegan al 1375% anual, muy por encima de las que se cobran en otros países de la región. La presentación se conoció esta semana en el marco de la creciente polémica por el costo de los préstamos que otorga la fintech a sus usuarios.
Una comparación desfavorable con Brasil
En las últimas semanas, Mercado Pago quedó en el centro de la escena por las tasas que aplica a los créditos que ofrece a sus clientes, con condiciones más laxas que las de la banca tradicional. El caso incluso generó repercusión mediática, luego de que un reconocido periodista calificara la situación como un abuso evidente.
La comparación con Brasil resulta especialmente desfavorable para la filial argentina: en el país vecino, el costo financiero efectivo anual de estos préstamos es de 63,13%, es decir unas 21 veces menor que el que se cobra en la Argentina.
El argumento legal de la denuncia
Solano fundamentó su presentación en el artículo 175 bis del Código Penal, que sanciona a quienes se aprovechan de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona para hacerle aceptar intereses u otras ventajas económicas desproporcionadas respecto de lo que reciben a cambio.
Desde su espacio político sostuvieron que la empresa obtiene un rédito extraordinario a partir de la necesidad de millones de trabajadores que no logran acceder al crédito bancario, y remarcaron que el Costo Financiero Total Efectivo Anual de estos préstamos puede superar el 1300%. Como punto de comparación, se mencionó que el Banco Nación ofrece líneas de crédito a tasas sensiblemente más bajas, e incluso refinancia a deudores en mora a tasas de entre el 12% y el 14%.
El peso del negocio financiero en la facturación
De acuerdo con el último balance de la compañía, el negocio financiero representa el 64,3% de la facturación de Mercado Libre en la Argentina, una proporción que casi duplica lo que la empresa obtiene por su actividad de comercio electrónico en el país.
