A más de tres años del inicio de la ocupación del predio ubicado en Piccirilli al 1000, que comenzó en febrero de 2023 con una veintena de familias y hoy supera las 200, la semana pasada el Municipio de Tandil decidió iniciar gestiones ante organismos nacionales para intentar modificar la situación legal del asentamiento. La reciente visita de funcionarios del gobierno municipal a Buenos Aires reavivó el debate político sobre la tardía actuación del Estado local frente a un conflicto habitacional que creció de manera sostenida durante los últimos años.
Los secretarios Alejandra Marcieri (Protección Ciudadana) y Juan Maciá (Legal y Técnico) viajaron de urgencia a entrevistarse con funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional y el Director Nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane. El objetivo de la Comuna fue exigir la baja del predio del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y solicitar controles de documentación. Lo llamativo de la estrategia oficial es que, para justificar sus propios años de inacción sobre esta situación, el Ejecutivo local ahora busca desplazar la responsabilidad del conflicto hacia cuestiones estrictamente de seguridad y antecedentes penales de un sector de la población, ensayando un argumento que evita poner el foco en la histórica falta de políticas municipales de acceso al suelo urbano durante más de 20 años de gestión.
La noticia, difundida por el propio gobierno municipal, volvió a exponer diferencias entre los distintos espacios políticos de la ciudad. Mientras desde Fuerza Patria sostienen que el Municipio permitió que la ocupación se expandiera durante meses sin una intervención efectiva y cuestionan la falta de políticas habitacionales, dirigentes de espacios como Alternativa Tandil y La Libertad Avanza coinciden en que la reacción oficial llegó tarde y remarcan que desde el Concejo Deliberante se venían planteando observaciones sobre la situación del predio desde 2024. Pese a las diferencias de diagnóstico, gran parte del arco político local converge en una misma crítica: la respuesta municipal apareció cuando el conflicto ya se encontraba consolidado.
El debate de fondo remite a un complejo entramado administrativo y judicial que el Municipio comenzó a abordar con mayor intensidad recién cuando la ocupación ya se encontraba consolidada. La toma adquirió una nueva dimensión institucional en diciembre de 2023, cuando el lote fue incorporado al Renabap bajo la denominación «Movediza I». Desde distintos sectores se cuestiona esa incorporación debido a que la ocupación se inició en febrero de 2023, una fecha posterior al límite temporal previsto por la normativa nacional para acceder a ese régimen de protección.
Al ingresar al Renabap, el predio privado adquirió una tutela legal que suspendió los plazos de desalojo dictados por la Justicia, lo que llevó a que el juzgado competente archivara la causa penal al considerar que el terreno ya formaba parte de un programa de integración socio-urbana. Mientras el propietario damnificado continúa litigando por la vía administrativa a la espera de una expropiación inversa, el oficialismo local, a través del concejal Juan Salceda, ensaya defensas argumentando que la responsabilidad total del estatus legal del lote recae sobre las gestiones nacionales anteriores y actuales. Sin embargo, la realidad expone la inacción de una intendencia local que no supo prever ni canalizar la demanda habitacional a tiempo, y que ahora acude a los despachos de Buenos Aires cuando el conflicto sociocomunitario le desborda las manos.
