El Ministerio de Capital Humano acordó con el Consejo Interuniversitario Nacional un aumento salarial escalonado de casi el 25%, una suba en los gastos de funcionamiento y un incremento del 50% en las becas Belgrano. Sin embargo, los rectores de las universidades, señalaron que la tregua económica no frena el reclamo judicial por la Ley de Financiamiento.
El conflicto de fondo por el sostenimiento de las universidades públicas del país se mantiene firme en los estrados judiciales. A pesar del sorpresivo principio de acuerdo salarial y presupuestario alcanzado en las últimas horas entre el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aliviar el funcionamiento de las instituciones, los rectores de todo el país confirmaron oficialmente que no retirarán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y exigirán de manera sostenida la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En diálogo con El Eco de Tandil, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, analizó el alcance de las negociaciones y ratificó la continuidad de la vía legal, desarmando la estrategia original de la administración central de Javier Milei, que intentó condicionar las mejoras presupuestarias a cambio de que las casas de estudio desistieran de las acciones en curso.
«Con respecto a la ley, al menos de nuestra parte, no cambia nada. Seguimos teniendo vigente hoy en la Corte Suprema de Justicia, luego de dos fallos favorables (uno de primera instancia y uno de cámara), la medida cautelar, que es la que se refiere a los temas de los que estamos hablando: salarios y becas fundamentalmente. Eso sigue vigente; los rectores nunca tuvimos como opción darla de baja», aseveró Aba.
La causa por la Ley de Financiamiento se encuentra actualmente bajo análisis del máximo tribunal del país tras la interposición de un recurso extraordinario por parte del Poder Ejecutivo, que cataloga a la normativa votada en el Congreso como «ilegal» bajo el argumento de que no identifica las fuentes de financiamiento. Mientras la Corte define el litigio, las universidades entrerrianas, santafesinas y bonaerenses continúan en estado de alerta, entendiendo que el acuerdo económico de esta semana constituye un alivio transitorio, pero no una solución de fondo al retraso histórico del 20 al 25% en el poder adquisitivo que el sector arrastra desde diciembre de 2023.
Los detalles de la ingeniería financiera y presupuestaria
El acta firmada entre el Ejecutivo nacional y las autoridades universitarias destraba partidas urgentes destinadas al personal, la infraestructura y el bienestar estudiantil, bajo el siguiente esquema:
Recomposición salarial : se pautó un incremento total del 24,33% aplicado de forma escalonada y acumulativa. El personal docente y nodocente percibirá una suba del 21,33% a partir de julio, a la que se acoplará un 3% adicional en octubre. Este diseño técnico busca compensar 7 puntos de desfasajes correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el porcentaje restante para equilibrar la inflación acumulada hasta mayo de este año.
Actualización de la garantía salarial: se logró un ajuste proporcional en este instrumento que asegura que ningún trabajador universitario quede por debajo de la línea de la pobreza. El rector de la Unicen ponderó este avance al explicar que, de no haberse modificado, cualquier suba porcentual hubiera sido absorbida por los mínimos previos, dejando a las categorías iniciales sin mejoras de bolsillo. Con el cambio, toda la escala salarial se «corre» positivamente.
Gastos de funcionamiento y becas : las partidas para el mantenimiento diario edilicio recibirán un incremento del 20%. Asimismo, los alumnos nucleados en las distintas federaciones estudiantiles recibirán un alivio directo mediante una actualización del 50% en los montos de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientadas a carreras clave para el desarrollo nacional. Las partidas para salud —un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios— no afectarán a la Unicen, ya que la institución regional no posee efectores de salud propios.
Un nuevo esquema paritario frente a la desconfianza gremial
Más allá de los montos específicos, una de las conquistas institucionales que los rectores sentaron en el acta fue la obligatoriedad de fijar una periodicidad para la discusión paritaria, estableciendo un plazo máximo de cada tres meses (o menor) para convocar a los gremios y revisar la evolución de los sueldos tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta mesa de diálogo permanente también mantendrá en agenda la situación de los docentes de colegios preuniversitarios, severamente perjudicados por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
A pesar del avance, el clima de desconfianza sigue imperando en los frentes sindicales (como Conadu), donde se mantiene la cautela ante un interlocutor al que definen como «escurridizo» tras años sin llamados formales a paritarias. Con el alivio de los fondos asegurado para el segundo semestre, la presión de la comunidad universitaria se traslada ahora por completo a los despachos de los ministros de la Corte Suprema, mientras se evalúa en las bases gremiales si el resultado de la negociación es suficiente para suavizar las medidas de fuerza planificadas.
