La capacidad de pago de los hogares argentinos continúa bajo una severa presión. Según un informe de la consultora 1816 desarrollado sobre la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la morosidad de los préstamos bancarios destinados a las familias volvió a incrementarse en abril y alcanzó un récord histórico al ubicarse en el 12%, lo que representa una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo.
Con este nuevo salto, el indicador hilvanó su decimoctava suba mensual consecutiva, consolidando una tendencia que supera récords no vistos en más de dos décadas. Para dimensionar la velocidad del fenómeno, en octubre de 2024 la irregularidad de los hogares era de apenas el 2,5%; en un año y medio, la cifra se multiplicó por casi cinco. Este deterioro, registrado incluso en períodos donde el PBI mostró leves signos de crecimiento, refleja una profunda crisis social subterránea: el endeudamiento ya no se utiliza como una herramienta de progreso o consumo extraordinario, sino como un mecanismo de supervivencia de las familias para amortiguar la drástica pérdida del salario real frente al costo de vida.
Las principales cifras del ahogo financiero
El relevamiento privado pone el foco en la masividad y la aceleración del incumplimiento tanto en el sector financiero tradicional como en el alternativo:
-Millones de afectados: ya existen 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular (con retrasos en los pagos de 90 días o más), sobre un universo total de 20 millones de ciudadanos que tienen asistencia financiera en el país.
-Impacto en el padrón de deudores: esto significa que el 26,7% de los tomadores de crédito del sistema general se encuentra actualmente en situación de irregularidad.
-Problema generalizado: el incremento de la mora no es un hecho aislado; afectó a 26 de las 30 entidades bancarias más grandes del país en el segmento de préstamos a familias.
Financiamiento no bancario: en las entidades no financieras (tarjetas de comercios, mutuales y cooperativas), el incumplimiento de los hogares escaló en abril al 31,5%, frente al 30,7% que se había registrado en marzo.
Por fuera del segmento familiar, las empresas también mostraron un leve repunte en sus niveles de irregularidad, pasando del 3,1% al 3,3% en el cuarto mes del año. Con ambas realidades combinadas, la morosidad del sector privado en su conjunto se elevó al 7,3%.
Freno al crédito y el impacto en la economía
Desde la consultora 1816 advirtieron que el dato de abril es especialmente preocupante porque el ritmo de aumento se aceleró respecto del mes previo, sembrando dudas sobre si el pico de morosidad llegará efectivamente durante el segundo trimestre del año.
La consecuencia inmediata de este escenario es el bloqueo financiero de los usuarios. Al registrar antecedentes negativos, millones de individuos dejarán de ser considerados «sujetos de crédito» por las entidades, lo que limitará de forma drástica la expansión de los préstamos al consumo. En términos macroeconómicos, los analistas estiman que el financiamiento a las familias difícilmente pueda funcionar como un motor relevante de la actividad de cara a las elecciones del año próximo.
De hecho, los indicadores de alta frecuencia muestran que los préstamos al sector privado en pesos habrían vuelto a contraerse en términos reales durante mayo, perfilando lo que podría ser el quinto mes consecutivo de retroceso. Entre las trabas para la reactivación se destacan las elevadas tasas de interés reales: la tasa nominal anual (TNA) promedio para préstamos personales bancarios se ubicó en el 66,9% en mayo.
Esta retracción del crédito termina por configurar un círculo vicioso en un contexto de persistente precarización y vulnerabilidad social. Al cerrarse las ventanillas de financiamiento formal, y con paritarias que corren muy por detrás de las tarifas y la canasta básica, los sectores de ingresos medios y bajos quedan expuestos a una mayor asfixia presupuestaria, obligados a recortar consumos esenciales o a recurrir a canales informales de auxilio en un escenario de creciente fragilidad socioeconómica.
